SISTEMA JUDICIAL, HISTORIA DEL ENGAÑO

“CHÁVEZ ME PUSO PRESA”. HABLA LA JUEZ MARÍA LOURDES AFIUNI con AGUSTÍN BLANCO MUÑOZ. Rómulo Lares Sánchez. 15AGOSTO2012. ¡Chávez no la quiere! Pero, no es la juez María Lourdes Afiuni el único hostigado, perseguido, castigado, secuestrado o asesinado por el régimen aunque escoja el camino del exilio, por el máximo y directo responsable del Estado terrorista violador sistemático de los derechos humanos, quien a partir del fraude “ratificatorio” del 15AGOSTO2004 usurpa la presidencia, la representación del Estado y la jefatura de las Fuerzas Armadas así como dirige la desaparición del imperio de la ley y del Estado de Derecho en Venezuela. El “TESTIMONIO VIOLENTO #25” de los proyectos de investigación patrocinados por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, nos ofrece una radiografía nítida de la institucionalidad venezolana en el tránsito entre los siglos XX y XXI, que bastante bien expresaría la caricatura de “RAYMA” en su portada, mediante una triada de jaulas para aves que ocupan: “AFIUNI”, el “ABOGADO DE AFIUNI”, mientras la tercera estaría reservada para el “ABOGADO DEL ABOGADO DE AFIUNI” y contiene la señal ¡BASTA! De la lectura de las siete entrevistas a la jueza Afiuni así como la de cada uno de los siete abogados, magistrados y académicos de las Ciencias Jurídicas, no quedaría espacio para duda alguna sobre la magnitud de sus propias responsabilidades en la desaparición de la institucionalidad en Venezuela. Pero el verdadero mérito que hace a María Lourdes Afiuni y a su caso emblemático un ejemplo de valentía, no estaría en las consideraciones jurídicas y antijurídicas de los abogados entrevistados, sino en su decisión, al mismo estilo que en el martirio y asesinato de Franklin Brito, por enarbolar el mismo ¡BASTA! y plantarse ante el poder absoluto, para negarse a participar en la farsa del Sistema Judicial, pagando el precio de que la mantengan secuestrada aunque obviando, sin embargo, para regocijo del régimen, la denuncia sobre el resto de las instituciones venezolanas. La característica de “caso emblemático” que le atribuye alguno de los juristas entrevistados estaría entonces, para sorpresa del lector, más relacionada con la excepcional condición de juez titular de la secuestrada, estabilidad que sólo posee un ínfimo porcentaje de los jueces venezolanos, porque la mayoría son nombrados y despedidos con carácter interino. Sería por tal coincidencia en el ¡BASTA!, que Franklin Brito y María Lourdes Afiuni habrían desatado y enfrentado la ira del régimen, exponiéndose al aislamiento en la vía para su desaparición física. En el caso de Brito, se produciría mediante su secuestro en el Hospital Militar, en discretas manos de espías, esbirros, médicos y militares cubanos y venezolanos; en el de Afiuni, en el Instituto Nacional de Orientación Femenina, en las mismas manos, y al alcance de algunas delincuentes sentenciadas por la misma juez, como para justificar su aislamiento hasta de los rayos del sol. Que la juez Afiuni haya decidido desde su secuestro, denunciar y enfrentar la farsa institucional y judicial venezolana, después de pasar a la categoría de víctima, para “descubrir” los horrores de tal condición, no desmeritaría ni restaría valor a sus convicciones y a su acción, porque la consideración que equipararía también a la juez con su liberado Eligio Cedeño, ante el régimen del crimen organizado transnacional, sería que de la condición previa de ambos de “aliados” del régimen, habrían pasado a la categoría de “traidores”, que más bien exigiría aún mayor riesgo, determinación y fortaleza para enfrentarlo. Las entrevistas de cuatro miembros de la familia mostrarían la condición propia de las víctimas, que irían despertando progresivamente con el trauma su sensibilidad, para percibir de golpe la desaparición de los valores declarados y promovidos por la cultura de Occidente, así como la inmensa confusión generalizada de la sociedad. Conformaría esta familia una muestra típica del producto de la manipulación sistemática del colectivo y a la censura y autocensura, gracias a una inversión multibillonaria en propaganda local e internacional, que habría ahogado las libertades para imponer el fraude institucional, el desprecio por la libertad y la vida, afectando de forma profunda e irreversible todos los ámbitos y estratos de la sociedad. La entrevista de la hija Geraldine es particularmente relevante, porque dejaría expuesta la trágica y extraviada postura de la juventud universitaria y de la propia Universidad, frente al tema del fraude institucional generalizado, dejando de ser indiferente para asociarse más bien con los monstruos de diversas cabezas que destruyen hasta las bases de nuestra propia condición humana. Los abogados y académicos entrevistados conforman una muestra suficientemente representativa de la conjugación elástica, de una diversidad de criterios con la homogeneidad de principios presentes en la élite de la inteligencia del Poder Judicial, en la práctica del más sublime y arraigado positivismo, para que le asegurase a cada uno el protagonismo en la pantomima institucional que sostiene el régimen totalitario, encubriendo bajo sus escombros de manera muy conveniente los de las demás instituciones y en particular los del Poder Electoral. Son ellos: Alberto Arteaga Sánchez, Juez Blanca Rosa Mármol de León, José Luis Tamayo, José Amalio Graterol, Juan Cancio Garantón, Carlos Ayala Corao y Thelma Fernández. Otro documento presentado es la minuta del proceso del caso Afiuni Mora, que nos mostraría un caso más dentro de la farsa de la institución judicial, que llegaría a estimular la creatividad procesal para la reaparición del delito de “corrupción espiritual”, inventado según nos relata el profesor Arteaga Sánchez durante el juicio a Carlos Andrés Pérez y rescatado ahora en éste como fundamento del secuestro de la juez; pleno de los aspectos relacionados con la colección de vicios que en el fondo y en la forma abundan en la rutina judicial e institucional locales. Cierra la obra, la segunda carta pública de respaldo para la libertad de la juez de Noam Chomsky, quien mostraría el desconocimiento palmario que la comunidad política e intelectual planetaria posee sobre el proceso de desaparición del Estado venezolano, hasta la creación de otro afiliado al crimen organizado transnacional y bautizado por el autor, a partir de 2005, como VENECUBA. El lector seguramente convendrá en que sería posible percibir, que la contribución de las entrevistas a los mencionados profesionales del derecho, cumpliría con el objetivo del régimen de esconder la realidad institucional venezolana, porque llegaría hasta el extremo de complacer el objetivo perseguido más probable, como táctica de distracción, engaño o “carnada”. Porque, a pesar de la gravedad de las denuncias que refresca el volumen # 25, relacionadas con la acción directa subversiva y terrorista del propio régimen, mediante su afiliación con el narcotráfico, con la legitimación de capitales y con actividades relacionadas con regímenes considerados forajidos por la comunidad internacional así como con el crimen organizado transnacional, con usurpadores de presidencias, de primeros ministros perseguidos por la Corte Penal Internacional ordenando a la Interpol su captura, estas denuncias todas conocidas y documentadas de forma amplia en Venezuela y divulgadas en alguna oportunidad por algún medio de comunicación social, contribuyen a desviar la atención desde estas realidades colectivas hacia un caso y un “personaje” específicos con el objetivo de diluirlas. Esta estrategia permitiría encubrir, como en el caso de la manzana podrida en la cesta, que no se trataría sólo de una manzana podrida, sino de la putrefacción y pérdida de todas las variedades de manzanas, que representa la inexistencia de instituciones verdaderas administrativas, judiciales, legislativas, ciudadanas y electorales, sustituyéndolas por una farsa judicial exclusivamente, que al centrarse de forma obsesiva en un caso seleccionado y diseñado por el propio régimen, cumple con el propósito táctico de distraer la atención hacia el objetivo deseado, encubriendo algo peor, aún más grave: la ocupación de Venezuela y la creación de otra nación diferente, VENECUBA. La juez secuestrada y los demás juristas entrevistados, creyentes en sus aparentes libertades, no habrían dado muestras de comprender la amputación del alcance amplio y profundo que el caso en cuestión ofrecería, sino más bien se centraron en la búsqueda del objetivo de libertar a la juez pero sin molestar al monstruo, contribuyendo a sepultar no sólo las decenas de miles de otros secuestrados judiciales, sino a las decenas de miles más que habrán de venir si es que en realidad actuamos para recuperar las libertades y el Estado de Derecho. Hablando sólo de la categoría: secuestro. La popularidad y el estrellato mundial del “Caso Afiuni” tendría su sustento en la interpretación que, en un universo de discurso verdaderamente democrático y por consiguiente completamente diferente al venezolano actual, presenta la visión y la percepción de la institucionalidad de sus autoridades y de su opinión pública en una democracia deficiente, pero en realidad inexistente, en particular la de la Justicia y la de interacción con los sistemas judiciales nacionales e internacionales. Para un venezolano serio interesado en el tema, éste sería tan sólo otro caso más de violación grotesca del debido proceso, de los derechos humanos y del Estado de Derecho a partir del establecimiento del régimen en 1999, cuya ideología sería mejor descrita, repetimos, como la del crimen organizado transnacional. Pero para los magistrados entrevistados sería más bien un caso “emblemático”. Se refieren todos a Hugo Chávez como Presidente, pero no hacen mención a su condición de facto, de usurpador, como consecuencia del fraude político-electoral demostrado, tanto o más claro que la manipulación y el fraude judicial a partir de 1999. De la misma forma legitiman el resto de los poderes públicos, mientras es claro para ellos que todos son ilegales e ilegítimos en su origen y que, adicionalmente, actúan al margen del Estado de Derecho, violando de forma sistemática, permanente y continuada buena parte dei inventario de los derechos humanos. Tomemos como ejemplo alguno de los argumentos del más relevante especialista del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Carlos Ayala Corao, quien habría presidido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica: “Se trata además de una juez titular, ni siquiera un juez provisorio, suplente, de esos que nombras y remueves a dedo…”. “Se trata de la detención de una juez sin orden judicial, que de por sí es una gravedad muy importante”. De inmediato, el lector se preguntaría: ¿pero bueno, para estos juristas-magistrados, dónde estaría la igualdad ante la ley?, ¿es que los más de 150 mil asesinados entre 1999 y 2010, en razón de una política de Estado, o los más de 8.000 “exterminados”, o los cientos de miles despedidos, o los millones de acosados mediante las listas del “apartheid criollo” Tascón y Maisanta, que el mismo Ayala señalaría, tendrían entonces una categoría inferior ante la ley a la de una “juez titular”? Ayala también descubriría con este caso “emblemático”, que eleva él personalmente a las instancias internacionales y obtiene de éstas que se pronuncien mediante las “Medidas Provisionales” para garantizarle la vida a la juez Afiuni y porque los residentes de las cárceles venezolanas se someten a “condiciones infrahumanas”. Todavía, no tendría claro que la figura precisa, jurídica, de estos venezolanos y extranjeros sería la del secuestro. Denomina Ayala, sin embargo, tal condición de claro secuestro de la juez Afiuni como una “detención arbitraria”, que cataloga como: “…probablemente ha sido el caso más conocido de violación de derechos humanos, en relación a Venezuela, en los últimos 15 o 20 años.” Lo menos que podríamos preguntarnos a estas alturas sería: ¿cuál es el interés de estos abogados de los DDHH en el caso de la juez Afiuni?, mientras que desestiman los centenares de miles de ciudadanos fallecidos o “exterminados”, o quienes en circunstancias similares se encuentran bajo secuestro por el propio Estado, por el régimen, o el caso de la población completa del territorio venezolano sometida a la política de Estado del terror, mediante la promoción del odio y de milicias irregulares armadas, además de territorios específicos cedidos a la subversión y al narcotráfico continental y mundial. El caso “emblemático” precedente en el Poder Judicial habría sido el de la ex-presidenta del Consejo de la Magistratura y juez retirada Gisela Parra, quien evadiría el acoso del régimen saliendo de forma clandestina de Venezuela en 2004, declarando que conocía el plan para su “secuestro” judicial. En La Florida, recibiría años más tarde la protección del asilo político de los Estado Unidos de Norteamérica. La juez Parra describía lo que el régimen pretendía, que lograría posteriormente con el secuestro de la juez Afiuni: enviar un mensaje adicional a los miembros del denominado sistema judicial local. En el caso de Parra, como el del resto de los exiliados, el régimen celebraría su silencio, impuesto entre las condiciones del asilo. Este sería el aspecto que resaltaría de la determinación de la juez Afiuni, porque a pesar de que afirmaría que “nunca pensó que sería detenida”, una vez secuestrada, repetimos, izó la bandera de la dignidad y proclamó el ¡BASTA! Complementaría estas referencias con los antecedentes de la persecución, secuestro y asesinato de policías y fiscales, porción del plan venecubano para asegurar la sumisión general a los caprichos del usurpador mayor de los poderes públicos y usurpador del Poder Ejecutivo con el respaldo del Alto Mando Militar, frente a la vergüenza, el silencio y la complicidad de los miembros de la institución militar, responsables de alta traición y evasores del deber supremo de Policía Constitucional. El máximo irrespeto y la burla del Poder Judicial y de lo que quedaría de nación, se efectuaría mediante nombramientos del Poder Legislativo para las posiciones de mayor jerarquía en el denominado Tribunal Supremo de Justicia, de esta manera asumieron personajes de la estatura de los antecedentes de los Carrasquero, Velásquez Alvaray y Aponte Aponte, mientras sólo se escucharía el silencio del resto de los magistrados, porque uno sólo de sus miembros no se atrevería a izar las banderas de la juez Afiuni, para que más bien retumbe el coro de “magistrados” luciendo la toga del juez, coreando aquel blasfemo “¡Uhhh ahhh Chávez no se va!” durante la ceremonia del inicio de un año judicial. A pesar del reconocimiento de los “programas de exterminio” y de las “ejecuciones arbitrarias” de más de ocho mil ciudadanos, parte sustancial del programa nacional para el miedo y el terror; cuando la lista de asesinados entre 1999 y 2008 ascendía a más de cien mil; el Ministerio Público reconocía que sólo un 7% habría sido investigado, es decir, transformado en un expediente de la fiscalía, y tan sólo un 3% poseía condenas en los tribunales penales; tales macabras estadísticas récord en el planeta, serían recordadas por el expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del sistema y reciente miembro incorporado a la Academia Nacional de Ciencias Jurídicas y Políticas Carlos Ayala. Ayala Corao destaca que el Caso Afiuni sería emblemático de la retaliación de un gobierno porque la juez estaba ejecutando una decisión de Naciones Unidas, que habría sido promovida por él. Los asesinatos de más de 150 mil ciudadanos entre 1999-2010 y la escandalosa cifra de más de 19 mil durante 2011, habrían sido sistemáticamente olvidados y encubiertos por casos como el secuestro de los jefes de las policías de Caracas y Maracaibo, comisarios Henry Vivas, Lázaro Forero e Iván Simonovis así como el comisario José Sánchez Montiel (Mazuco), respectivamente. Pero la memoria es para los casos que ofrecen espacios en los medios nacionales e internacionales, mientras persista el interés del régimen para transmitir su mensaje y desarrollar su estrategia, por eso la censura y autocensura olvida los ocho policías metropolitanos de Caracas secuestrados durante más de 7 años, así como el asesinato del fiscal Danilo Anderson al estilo de la “ETA” o “palestino” mediante escenarios controlados, que sólo podría ser imitado por las Fuerzas Armadas del Estado; o los casos de los generales Francisco Usón y Raúl Baduel, ex ministros de Finanzas y de la Defensa, respectivamente, secuestrados varios años, todos por el mismo “sistema judicial”. La violación sistemática, permanente y continuada de los derechos políticos de todos los venezolanos a partir de 1999, denunciada de manera directa ante el Sistema judicial y los organismos jurisdiccionales americanos, antes de mi exilio como miembro del Poder Electoral, por los sabotajes de los Referendos Consultivo y “Ratificatorio” del mandato de Hugo Chávez, no sólo no encontraría juristas dispuestos a defenderlos, sino que éstos, sistemáticamente, han desestimado la imposibilidad patente de dirimir mediante la consulta popular del colectivo por el Poder Electoral-CNE. Debemos subrayar que la atención exclusiva al aspecto denominado jurídico-institucional de la ocupación militar y política del territorio venezolano, habría tenido como consecuencia la consolidación de la propia ocupación, del extravío de la nacionalidad venezolana mediante la promoción del terror y la emigración, pero sin embargo, nuestros juristas del siglo XXI venezolano, insisten en legitimar la usurpación de los poderes públicos y en el absurdo de promover y pretender que el Sistema Electoral diseñado para crear elecciones “virtuales”, como complemento de la destrucción absoluta de las instituciones de la democracia, podrían conducirnos a la recuperación del Estado de Derecho y del respeto por los Derechos Humanos. Esta patética evasión de las responsabilidades de los juristas venezolanos es explicada en una de las entrevistas mediante conceptos tales como el “Avance del diálogo jurisprudencial”. Porque “lo importante en la democracia es que en ella los pueblos están presionando a los gobiernos y éstos se ven presionados nacional e internacionalmente para avanzar transparentemente hacia esos procesos”. O cuando se pretende explicar la ocupación del territorio y las instituciones venezolanas con argumentos tales como: “Y además estamos frente a un Sistema de Justicia en el cual, además de la falta de independencia, tenemos 1914 jueces. Bajo los estándares internacionales, prácticamente Venezuela después de 30 años tiene el mismo número de jueces que tenía antes”. “Si quieres tener un estado de derecho, una democracia, necesitas fortalecer el Estado. Pero un Estado que garantice la vida de las personas, su integridad física, sus bienes. Y necesitas unas policías bien entrenadas, bien pagadas que sean el escudo protector de las personas y de todos sus derechos.” “La cárcel no se puede ver sólo como sitio de reclusión y como pena. La persona que ingresa va a salir en un tiempo determinado, después de los tres, cinco, diez o veinte años y hay que prepararlo para que sea útil a la sociedad. Y ahí veo que no se está haciendo nada. No hay una política de Estado”. “Yo creo que el gran reto que siempre ha tenido el Estado venezolano, y que no ha logrado concluirlo, y sigue siendo hoy en día una necesidad, es precisamente el de la justicia. Como decía Bolívar, la justicia sola mantiene una república, pero también la injusticia sola termina con la república”……….”Y ya con esto me voy despidiendo….” El magistrado no dispone de mucho tiempo para hablar de estos temas, la presión del entrevistador acelera el ritmo del tiempo. Las contradicciones son demasiadas, sin embargo se evaden también en la Academia. “Los DDHH y la lucha por los derechos humanos no es algo de cortoplacismo, no es algo fácil, no es algo de un día para otro. En el caso de María Lourdes Afiuni, como dijimos, se ha ido documentando debidamente por las ONG venezolanas, por instancias nacionales e internacionales. Y la lucha por los derechos humanos es un compromiso de vida”. Esta obra deja claramente establecido que sobrevivimos en una grande y muy fea cárcel llamada Venezuela. Una ex-nación ocupada y sometida por ejércitos extranjeros, mientras la inteligencia del Sistema Judicial, como en la época del Tercer Reich con sus “jueces del horror”, los nuestros, aseguran su propia tranquilidad al servicio exclusivo de los casos “emblemáticos” del régimen, abandonando la atención de las necesidades verdaderas del colectivo y contribuyendo a alargar, ya no en condición de cómplices sino más bien de socios, la longevidad del régimen totalitario que erradicó el Estado de Derecho y cuya ideología no puede ser definida sino como la del “crimen organizado transnacional”.