cuyos correos no aparecen publicados en la pagina de la OEA.
Gracias por su amable atencion.
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Rómulo Lares Sánchez
Miembro del CNE (Decreto ANC I. 4JUNIO2000) en exilio
a partir del 22AGOSTO2003
Muy estimados
conciudadanos venezolanos, Diego Arria,
Asdrúbal Aguiar, Mario Iván Carratú M., Carlos Ortega, Carlos Fernández, Pedro
Freites, Julio González García, Alberto Franceschi, Enrique Aristegueta Gramko,
Alfredo Coronil Hartman, Jesús Petit Da Costa, Alfredo García Deffendini, Nedo
Paniz, Rafael Huizi Clavier, Eduardo Páez Pumar, Genaro Mosquera C., Luis
Manuel Aguana, Ana Mercedes Díaz, Guillermo Salas, Alfredo Weil, Alfredo Avella
G., miembros del Tribunal Supremo de
Justicia Legítimo y demás venezolanos en cualesquiera rincón del planeta
donde se encontrasen.
Asunto: Relacionado
con la proposición
pública de candidatos para conformar una Junta de Gobierno-JdG y la organización
de la Dirección-Gestión del Sistema Electoral de Venezuela, mediante
decisión-designación del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo contenida en “INFORME
POLÍTICO ESTRATÉGICO”, Noviembre 2018.
Estimados
amiga, amigos y conciudadanos todos:
Agradezco la
distinción al haber sido propuesto como miembro de un grupo con tan
sobresalientes credenciales, “después de importantes reuniones con líderes venezolanos
representantes de las fuerzas vivas, academias, empresarios, gremios,
sindicatos y militares retirados… validados por especialistas”, para que
conformasen el equipo del diseño y la dirección del Sistema Electoral de la
nación.
Tengo el
agrado de dirigirme a ustedes con el propósito de incorporar a esta iniciativa,
elementos que habrían sido permanentemente desestimados a partir de 1999, que tendrían
incidencia determinante en el fracaso del proceso de liberación de la nación
del régimen instaurado de desprecio por el Derecho y la institucionalidad, que
establecería como política de Estado la sistemática violación de los Derechos
Humanos tanto dentro de Venezuela como
exportando el “terrorismo de Estado” a países de la región y del mundo.
Urgía abonar
un suelo fértil que permitiese germinar una semilla capaz de conducir la
Sociedad Civil de Venezuela, definitivamente, hacia el restablecimiento del
Derecho e institucionalidad al servicio
de nuestros nacionales. Hoy, después de
20 años de tragedias, es un imperativo disponer de “jardineros veteranos” para
la poda y la descontaminación necesarias controlando los daños colaterales como
consecuencia de encender un lanza llamas de la libertad para destruir el panal
de avispas asesinas y las pestes, e imbuidos en la DIGNIDAD como valor
fundamental para la existencia del Sapiens y de una Nación y una sociedad libres.
En criterio del
Consejo Nacional Electoral-CNE en exilio silenciado por los “actores políticos”
e instituciones públicas y privadas mediante su censura y autocensura permanente,
también de medios de comunicación, que neutralizaría nuestro peregrinaje
promoviendo la sindéresis y el llamado de atención para detener el desvarío
general de la sociedad, que, a su vez impidiese el suicidio colectivo
lanzándose al vacío cubierto mediante la farsa electoralista, cuando
alertábamos positivamente que la selección inicial de la ruta por la que
transitamos hoy hace 18 años, siempre nos conduciría hacia el abismo cada vez
más profundo de la legitimación de un genocidio mediante un fraude
institucional generalizado y el asalto y saqueo histérico del patrimonio
público y privado, a su vez diseñados con el propósito de estimular la orgía
que distrajese interna e internacionalmente los objetivos geopolíticos últimos,
mientras se eliminaran progresivamente las libertades para establecer un Estado
terrorista que nos condujese hacia la consolidación y longevidad de un régimen
de ocupación del crimen organizado transnacional.
Al éxito de
las tácticas y de la estrategia para el invasor y sus cómplices internos y
externos correspondería la tragedia de nuestro HOLOCAUSTO.
Las
particulares condiciones de “estado de ocupación” que habrían sido establecidas
progresivamente a partir de 1999 y con claridad a partir de 2003, son
reconocidas de manera tácita hoy, después de 15 años, con esta proposición de quiebre
definitivo mediante la conformación de una Junta de Gobierno y demás
instituciones del Estado para que actúen coordinadamente, promoviendo su
comprensión tanto por los nacionales así como por la comunidad internacional,
con el objeto de mantener y ampliar el respaldo u obtener la neutralidad al
programa y ejecución de las demás acciones institucionales necesarias para la
recuperación de la nación.
Tal programa
exigiría en el ámbito de la competencia especifica-institucional-electoral como
condiciones sine quibus non, bajo el control del CNE-JdG y la participación
directa del colectivo venezolano, las siguientes:
1) El punto
final del estado general de terror, y la necesaria desocupación del territorio
ejercida por Rusia, China, Irán, Siria y Cuba bajo la administración de esta
última y sus diversos brazos armados sin sus banderas, mediante su cese de
operaciones y retiro conjunto con sus diversos cómplices, grupos del terrorismo
y del crimen organizado transnacional, entre ellos FARC, ELN, Hezbollah, así
como de los operadores de la red de instituciones financieras públicas,
privadas y clandestinas para la legitimación de capitales.
2) La
suspensión de todo acto administrativo electoral organizado por los usurpadores
de la actual autoridad electoral en el Consejo Nacional Electoral-CNE y en todos
sus órganos subalternos y subordinados, incluyendo la suspensión electoral
pasiva y activa respectivamente, de todas las organizaciones políticas y grupos
de electores inscritos así como también de cualesquiera elecciones o referendos
organizados por los demás usurpadores de los poderes públicos del Estado, de
los estados, municipios y parroquias, o por ciudadanos, instituciones, grupos
de opinión, aunque su ejecución técnica electoral se ajustase a las prácticas
profesionales y al Derecho, porque definitivamente todos estarían comprometidos
con su nulidad absoluta en razón de la circunstancia nacional descrita, teniendo
presente que el objetivo fundamental para la ocupación sería, a partir de 2003,
la propaganda falsa para promover la farsa: “sí tiene sentido realizar
elecciones en (el territorio ocupado de) Venezuela como estrategia para
restablecer el Estado, su soberanía y el Derecho”.
Ilustración de
la necesidad de esta condición habría sido la iniciativa de un grupo de
ciudadanos organizados en las denominadas “oposiciones” representadas por la
“Mesa” de turno en el Referéndum Consultivo múltiple efectuado el 17JULIO2017, cuyo
resultado fundamental, que por lo demás celebraría la ocupación, habría sido
demostrar que sí sería posible mediante actividades electorales en apariencia profesionalmente
organizadas y ejecutadas dirimir asuntos públicos-generales entre sólo una
porción de la ciudadanía, la de las “oposiciones”, excluyendo la del “gobierno”
pero sobre todo la Sociedad Civil que no estaría representada e inclusive
desprecia las dos anteriores y de esta manera absurda pretendería contribuir a rescatar
el Estado y el Derecho, ahorrando también los costos o la necesidad de expulsar
la ocupación. Referimos algunas reflexiones específicas al final del documento.
(Nota [i]
- al final)
3) El inicio
de la reconstrucción del Registro Civil de la ciudadanía de Venezuela para
atender diversos propósitos prioritarios: restablecer de inmediato la atención
de los nacionales por los servicios de identificación y de orden civil, su progresiva
depuración mediante la participación abierta de todos los ciudadanos
venezolanos y las autoridades de otras naciones, no sólo por el impacto de la
inmigración y desplazamiento de nuestros nacionales sino también para colaborar
con la erradicación de la siembra de terroristas, espías o la legitimación de
la residencia de bandas de criminales en otros territorios, con el apoyo de las
organizaciones multinacionales y otras competentes especializadas en la
materia.
Con el
propósito de aclarar nuestra argumentación, recapitularemos algunos actos-casos
que introducirían nuestras reflexiones y contribuiría a explicarlas:
La génesis de
la ilegitimación e ilegalización de todas las instituciones públicas se
produciría el 3FEBRERO1999 durante la instalación del nuevo Congreso Nacional presidido
por el Senador Coronel (EJ.-R) Luis Alfonso Dávila, Presidente de la Cámara del
Senado y Henrique Capriles Radonski, Presidente de la Cámara de Diputados, cuya
primera agenda contenía la cesión de la representación del Poder Ejecutivo de
Rafael Caldera P. a Hugo Chávez F. como resultado de las elecciones del 6DICIEMBRE1998.
Habrían
adoptado la condición de corresponsables de tal génesis las autoridades del
Congreso Nacional, sus diputados y senadores, así como los demás representantes
de los poderes públicos nacionales, de los estados y municipios, quienes
habrían aceptado en silencio, tolerando-participando sin protesta ni salvedad
alguna el bochornoso y escandaloso espectáculo de la transmisión de la representación
del Poder Ejecutivo, con el ofensivo e inaceptable anuncio del nuevo Jefe de
Estado de imponer como uno de sus primeros actos un Decreto-decisión ilegal
tanto en el fondo como la forma, un insulto a la ciudadanía y a la
institucionalidad, un claro “Golpe de Estado” que pretendería eliminar la
Constitución, camuflándolo con una convocatoria a consulta popular para
determinar el respaldo popular a una Asamblea Nacional Constituyente-ANC,
haciendo cómplice al colectivo de la violación de la Constitución, que no
preveía su reforma, modificación o eliminación mediante tal iniciativa.
El Decreto
Presidencial No. 3 de esa misma fecha, convocando tal exabrupto sería
convalidado por la Corte Suprema de Justicia-CSJ, como todas las demás
violaciones del Estado y el Derecho, desde la eliminación del Congreso Nacional
y la serie de estafas en referendos y elecciones del año 1999 organizadas por
el Consejo Supremo Electoral-CSE, etapa inicial sellada con la farsa del 15
diciembre, en medio de una tragedia humana de origen natural, para desaparecer
la República de Venezuela mediante la “Aprobación en Referéndum de la
Constitución de una República Bolivariana de Venezuela”, farsa de la promesa
fundamental contenida en su programa de gobierno. Se habría completado el Acto Primero.
Los actos
referidos habrían anunciado con claridad el inicio de la desaparición del
Estado y el Derecho en Venezuela, mientras la petrificación y falta cuasi
absoluta de reacciones institucionales acelerarían la propagación de una
epidemia irreversible de abandono e incumplimiento de las obligaciones de los
poderes públicos, de sus hombres, olvidando la mayoría, insistimos, nuestra
condición de Sapiens.
A partir de
esa fecha las fuerzas políticas de la nación, todas representadas en cada acto,
así como el resto de las instituciones y los Poderes Públicos perderían su
autonomía para colocarse en posición subalterna y reactiva ante las progresivas
arremetidas que simulaban su origen en el proyecto político del grupo de
militares insurgentes en las intentonas criminales del 4FEBRERO y 27NOVIEMBRE1992,
respaldados desde entonces por las denominadas izquierdas tradicionales
venezolanas, “pacificadas” y tenedoras de gran prestigio nacional e
internacional, así como por las élites políticas-económicas-empresariales y visibles
guías como el grupo de los denominados “notables”, la Iglesia Católica-Estado
Vaticano y la Compañía de Jesús a la vanguardia.
Pocos
conocían que los líderes de los militares golpistas formaban parte de un grupo de
jóvenes militares reclutados años antes para promover la subversión en
Venezuela, también dentro de las escuelas militares, formados y entrenados en
Cuba, Libia y otros destinos internacionales hacia dónde viajaban
periódicamente. El silencio de los compañeros de armas y civiles comprometidos ha
venido llevando los detalles a sus tumbas.
Pareciera imposible
que la administración o los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas y
de otras naciones o las policías de Venezuela desconocieran el alcance y listas
de los implicados, quienes debieron haber sido retirados del servicio activo,
detenidos, enjuiciados y expulsados. Sin embargo, más bien habrían sido
promovidos y asignados a unidades claves y de gran capacidad operativa que
comandarían en las fechas de las intentonas referidas.
Progresivamente
habría quedado al descubierto que todos actuaban siguiendo el plan estratégico de
Cuba, como traidores de la patria en la conspiración que se habría iniciado
desde los años 60 para completarse en los albores del siglo XXI, fortaleciéndose
mediante la creación de exitosos instrumentos políticos o de propaganda como el
“Foro de Sao Paulo” y el ALCA, proyectos regionales que promoverían y protegerían
hasta hoy el Partido Demócrata de los EEUU, que habría impulsado determinantemente
Barack Hussein Obama durante los 8 años de residencia en la Casa Blanca.
Se habría
establecido el “campamento base” desde donde se iniciaría la ocupación de
Venezuela, un proceso de destrucción sistemático progresivo de la
institucionalidad, mediante el establecimiento de instituciones falsas proclamadas
por el CSE y luego el CNE que, como sería público y notorio organizaría y
ejecutaría las fundaciones para la entrega de la nación, su patrimonio público
y su población a intereses de otras naciones, consolidándola mediante la
ocupación armada silenciosa en razón de la cobarde traición a la patria de los
responsables últimos para la protección de la institucionalidad, el bochorno
del gentilicio y la pérdida de la dignidad de los hombres y mujeres de la Policía
Constitucional o Fuerzas Armadas Nacionales-FFAANN.
La
desaparición del ejercicio de la política ha sido consecuencia de la aplastante
evidencia de la condición de nación ocupada por diversos ejércitos extranjeros,
mercenarios y miembros del terrorismo transnacional bajo la administración de
Cuba que han desarmado, desarticulado y anulado las fuerzas armadas, policiales
y el resto de la institucionalidad venezolanas.
Quienes
promueven o asumen la representación de las fachadas de las instituciones que
mantiene la ocupación conforman la categoría de COLABORACIONISTAS, es decir, se
definen como delincuentes, criminales por cómplices o más grave aún corresponsables
de delitos como la traición a la patria, o de los crímenes y violaciones de
todo orden que fuesen cometidos o inducidos por la ocupación.
En el “Caso
Venezuela” los miembros de la categoría COLABORACIONISTA serán acusados,
juzgados y sentenciados por el Sistema Jurisdiccional Penal Internacional en
razón de que los crímenes por los que responderán poseen la categoría de
Crímenes contra la Humanidad cuya jurisdicción es planetaria y sin prescripción.
La
recuperación de la República incluiría el resarcimiento y la reparación hasta
el límite de lo razonable y de la Ley, por las consecuencias humanas de orden
directo y generacional por la violación sistemática como política de Estado de
vidas, salud, patrimonios, persecuciones, secuestros, discriminaciones,
torturas así como también el saqueo y la destrucción de los patrimonios
públicos y privados. De todo lo anterior son responsables no sólo los invasores,
los traidores y cómplices locales sino, más bien en primer término, los
COLABORACIONISTAS por su condición de corresponsables.
Ante una
realidad como la descrita es necesario construir alguna estructura alternativa
para defender la nación y los nacionales en todos los ámbitos y luchar con
todos los medios contra los invasores y sus cómplices descritos, con el
objetivo de restablecer una nación libre expulsando la ocupación. Tal
estructura la entendemos como la de la RESISTENCIA.
Los ámbitos
de la RESISTENCIA podrían incluir:
1)
La participación dentro de los
simulacros de instituciones ocupadas, mientras fuera tolerado o posible, para
luchar de manera clara y abierta por el restablecimiento de la
institucionalidad, el Estado y el Derecho y denunciar el estado de ocupación
ante los escenarios que lo permitiesen dentro y fuera del territorio.
2)
La consideración de la
necesidad de luchar contra los invasores y sus cómplices y colaboracionistas
locales en la condición de clandestinidad, dentro o fuera de las instituciones mientras
no fuesen establecidas las condiciones de control del territorio.
3)
La organización y/o
participación formal y disciplinada de/en la lucha contra el invasor desde/en
el extranjero.
4)
La constitución de una conducción
superior o Junta de Gobierno para coordinar y dirigir la lucha tanto en el
extranjero como dentro del territorio venezolano, que para ser legítima, es
decir no simulada en razón de la presión de las condiciones de sabotaje y
terror internas, tendría que despachar necesariamente desde una nación neutral fuera
del alcance de la ocupación, a menos que el respaldo internacional asegure
militarmente dentro de Venezuela la seguridad de la JdG así como de las demás instituciones
relacionadas.
5)
La constitución de las demás
instituciones en el ámbito “informal” en razón de su desconocimiento en el
orden internacional y local, aunque real como quienes son marginados a la
“economía informal” que cuenta hoy con revoluciones planetarias sin fronteras
como las monedas virtuales y los “blokchains”, con el propósito de asumir la
representación y gestión de la Nación “ocupada” en los campos diplomáticos,
militares, policiales y de la administración de la cosa pública en general de
acuerdo con las condiciones consideradas en R4.
A partir de
los acontecimientos políticos durante 1999, del inicio de la invasión y de la ocupación
extranjera por el crimen organizado transnacional mediante el “Caballo de
Troya” disfrazado de ideología, en medio del desconcierto general y la traición
de la patria y de la propia condición de Sapiens de tantos, referidos brevemente
en este documento, algunos ciudadanos concluiríamos que sería indispensable incorporarnos
a la lucha contra los enemigos externos e internos actuando desde “adentro” de
las entrañas de los monstruos, acción legitimada por las circunstancias
descritas que podríamos referir como RESISITENCIA 1.
Otros cientos
de miles de los millones que decidirían progresivamente emigrar o fueron
forzados al exilio, participarían u organizarían la RESISTENCIA 3, como decenas
de miles que permanecen en el territorio para adoptar la R2 sin coordinación
efectiva territorial, ni entre ambas.
Este
documento responde a una necesidad demorada por el enorme poder de los enemigos
de Venezuela y sus cómplices para impedir la organización de la RESISTENCIA 4,
razón por la que sin lugar a dudas decenas de miles de venezolanos habrían
optado, han operado y operan dentro de la opción 5.
Es necesario
que sea comprendido y aceptado definitivamente, porque está demostrado sin
lugar a duda posible que la política de exterminio diseñada y ejecutada por el
Estado de ocupación forajido, que asesina directa o indirectamente para imponer
el terror general, disfrazando los miles de víctimas de la resistencia e
imponiendo un genocidio que condujo al HOLOCAUSTO, como si fuesen producto de
su propia incompetencia y de la conflictividad social que él mismo administra y
regula, definiría quienes poseen las condiciones de miembros de la RESISTENCIA.
En la
vanguardia de la “resistencia” venezolana estarían quienes participaron
electoralmente de forma activa y pasiva en el proceso de fraude del año 1999, de
la primera ANC, representada por un lado por quienes participaron, anulando su
voto, se abstuvieron o votaron rechazándolo, en razón de la combinación de
referendos y votaciones, así como por el
otro, quienes fueron postulados o pretendieron postularse, grupo de candidatos que
sólo aportó marginalmente siete (7) de los ciento veinte y cuatro (124)
miembros que la conformarían, en razón de la manipulación de una primera
talanquera que permitiría que sólo unos
pocos recibieran la “luz verde” del CSE para inscribirse y participar como
candidatos o como representantes de organizaciones políticas o grupos de
electores, en la farsa electoral para la designación de los miembros y luego, por
la escandalosa manipulación para condicionar los circuitos, demás etapas y tal
resultado de 124-7 con el respaldo de alrededor del 60-40% de los votos respectivamente
y un 62,35% de abstención. Se completaría el Acto Segundo.
Otro muy
pequeño grupo de la “resistencia” surgiría como resultado de los escándalos del
fraude nacional ejecutado por el CNE I durante la organización y la suspensión
de la macro elección récord por el número de candidatos participantes, cargos a
elegir y complejidad en la historia electoral del planeta, programada para “el 28, el 28, el 28…….de mayo 2000”,
cuyo colapso daría origen a aún más desprestigio para la “clase política” y a
la conformación de un segundo CNE, CNE II de consenso nacional mediante una “Mesa
de Diálogo” convocada por la AN de transición-Congresillo y administrada en su
seno, en la que habría participado con la mayor amplitud y transparencia la
diversidad de los sectores sociales e institucionales y cuya propuesta para el CNE
II habría quedado abiertamente legitimada y sería decretada por el Congresillo
con la cuasi unanimidad, con un voto salvado, el 4JUNIO2000.
Aunque la
mayoría de los 10 miembros de aquel CNE II responderían primero a los intereses
de los bandos del régimen-“gobierno” o de los del régimen-“oposiciones”, es
decir del régimen de ocupación y luego a los de la Sociedad Civil en general,
la institución sería empujada desde su interior hacia el rumbo de la
institucionalidad del Poder Público Nacional para proteger los intereses
generales de los ciudadanos.
El CNE II condujo
admirablemente la reparación del bochornoso escándalo referido y la recuperación
de la confianza del colectivo para participar en la convocatoria progresiva de
las elecciones de todos los cargos de representación popular, así como la
renovación de autoridades en los sindicatos, algunos gremios y de los partidos
políticos, sin embargo, progresivamente sucumbiría a las agresiones
sistemáticas de los demás poderes públicos y al sabotaje interno con
consecuencias que comprometerían los resultados de algunas consultas y
finalmente la pérdida absoluta de la autonomía y su sometimiento forzoso al
régimen de ocupación militar y político, que obligaría durante el final del año
2002 y el principio de 2003 a paralizar cualesquiera consulta electoral para
impedir que fuese atropellada flagrantemente la voluntad del colectivo y
desconocida la Sociedad Civil, hasta el 23AGOSTO2003, cuando se produciría un
Golpe de Estado más del TSJ para conformar otro CNE, CNE III falso, que actuase
conjuntamente con el crimen organizado transnacional administrado por Cuba, como
instrumento y fundamento para “legitimar” el régimen ante locales y el mundo mediante
fraudes electoralistas.
Progresivamente
el CNE II habría contribuido con la confusión general, olvidando su
institucionalidad y responsabilidad de Estado obligado a proteger los indivisibles
derechos políticos del colectivo, de la Sociedad Civil, caería en la celada de
dividirlos entre la politiquería de los del “gobierno” y los de las “oposiciones”
desconociendo el Derecho, tomando decisiones parcializadas.
El caso más
escandaloso habría sido cuando pretendiendo favorecer las “oposiciones” en un
primer intento fallido de convocatoria ilegal del Referéndum Consultivo referido
sobre la gestión de Hugo Chávez del 2FEBRERO2003, que habría contribuido a
incrementar también las tensiones con quienes se sentían identificados con el
“gobierno”.
Aunque los
vicios en su forma habrían sido subsanados al completarse los requisitos
legales, su parcialidad estaría en el centro de la argumentación que alimentaria
y precipitaría diversos acontecimientos nacionales empujando el incremento
exponencial de la conflictividad política y social. La ocupación habría logrado
el objetivo de avanzar al dividir aún más la Nación.
Otras
vanguardias de la resistencia, de PDVSA, de la CTV, de la FEDECÁMARAS, de las FFAANN,
de militares uniformados en la Plaza de Francia-Altamira, de múltiples
instituciones y asociaciones como las de padres-“con mis hijos no te metas” y
demás manifestaciones públicas gigantescas de millones de participantes en sólo
una jornada, jamás vistas en Venezuela que impresionaron al mundo hasta el
“Paro Cívico Nacional” de varias semanas y el pronunciamiento en escalada de grupos
de oficiales de los diversos componentes de las Fuerzas Armadas y de las
policías que conducirían al breve interludio presidencial de Pedro Carmona E. y
sus cómplices, absolutamente improvisado y ejecutado con torpeza, demostrando la
total incompetencia de quienes habrían despreciado y destruirían compromisos de
la precaria institucionalidad entre los grupos del “gobierno”, de las
“oposiciones” y las organizaciones de la Sociedad Civil en las impresionantes y
contundentes expresiones públicas de la RESISTENCIA, que de una u otra forma actuarían
en defensa de la dignidad del gentilicio y de la nación, como también en la
legítima defensa de sus familias y propia.
A partir de
estas fechas podríamos establecer la muy larga lista de honor de los patriotas mártires
de la resistencia, tanto reportados por los medios y las redes sociales como
anónimos, enterrados también en el olvido por medios e instituciones para
contribuir con el apaciguamiento, la complicidad y la corresponsabilidad con la
ocupación y sus consecuencias.
Sería ya posible
comprender en aquellos tiempos de violencia y muerte visibles cotidianamente, que
los primeros mártires habrían sido quienes fueron asesinados por defender con
firmeza la institucionalidad de la República durante las intentonas golpistas de
1992. El movimiento de la resistencia tendría entonces allí sus primeros
mártires y su origen, conformando progresivamente la mayoría aunque
desconocidos y olvidados, quienes han participado en la clandestinidad, disimulados
entre las demás víctimas del genocidio de centenares de miles de inocentes establecido
como política de Estado para encubrir la ocupación y sembrar el terror,
disfrazándolo a su vez de incompetencia del Estado de ocupación y por el
fracaso en la aplicación de una ideología, argumentos demostradamente falsos, producto
de una matriz de opinión fabricada que hasta hoy aceptan cándidamente las
instituciones nacionales e internacionales y como consecuencia, también los
actores del
“régimen-gobierno-oposiciones” y la Sociedad Civil.
La creación
del CNE en exilio se produciría en
este “ambiente” y como consecuencia de dos decisiones escandalosas del TSJ, el
30NOVIEMBRE 2002 en una Sala Electoral Accidental y el 22AGOSTO2003 en su Sala
Constitucional:
PRIMERA: la suspensión el
30NOVIEMBRE2002 del Referéndum Consultivo sobre la gestión de Hugo Chávez decidida
como “último recurso” del régimen, inventando una “decisión” bochornosa e
insólita de una Sala Electoral-Accidental conformada por transeúntes de los
alrededores del Palacio de Justicia, para impedir tal consulta electoral que
había sido convocada por el CNE II para el 2FEBRERO2003, como consecuencia de
la movilización nacional de la Sociedad Civil y las “oposiciones” para
presentar millones de solicitudes-firmas, en cantidad excedentaria a la exigida.
Su cronograma avanzaba mediante la iniciativa del CNE II para organizar exitosamente
una “colecta pública” con el apoyo de diversas instituciones privadas, promoviendo
un programa de contribuciones particulares en razón del secuestro en la
Tesorería Nacional de los fondos presupuestados propios con el propósito de
impedirlo.
La decisión
de la Sala Electoral-A fue denunciada por el CNE II ante medios de comunicación
e instituciones nacionales e internacionales y posteriormente, una vez
considerada agotada la instancia nacional, recurrida oportunamente por ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Organización de Estados
Americanos-OEA.
SEGUNDA: el nombramiento
de otra directiva así como algunos funcionarios subalternos del Poder Electoral-CNE
decidido por la Sala Constitucional el 22AGOSTO2003.
Esta decisión
invadió las competencias de los Poderes Públicos Nacionales Legislativo y
Electoral, doble fraude constitucional del TSJ que habría consolidado el Golpe
de Estado con el propósito de eliminar definitivamente la posibilidad real de la Sociedad Civil para
designar autoridades o dirimir diferencias políticas mediante consultas-referendos
profesionales e imparciales, cuando designó otros rectores y personal
subalterno quienes demostrarían su condición de criminales desde las primeras
horas como usurpadores de la representación, dirección y gestión del CNE III.
En cuanto a
la forma, el TSJ promovería decisión previa relacionada con el mecanismo para
el nombramiento de la vacante del Vice Fiscal General de la República, del
“vacío constitucional-institucional”.
La primera
semana de despacho de los usurpadores del CNE, CNE III, quedaría al descubierto
la razón primera para la decisión urgente del TSJ-SC cuando desconocerían anulando
los millones de firmas que serían recibidas y procesadas para convocar el
Referéndum Revocatorio de Hugo Chávez, que venía siendo preparado y estaba
programado para ser convocado en SEPTIEMBRE2003.
Eliminado el
proceso del Referéndum Revocatorio se entraría en el bochorno colectivo y la
desaparición de la dignidad, una etapa de meses de escándalos, burlas,
violaciones al Derecho, terror y crímenes diversos, se iniciarían varias
recolecciones sucesivas de firmas que serían anuladas parcialmente, también
decisiones contradictorias del TSJ entre las Salas Electoral, Constitucional y
Plena que como resultado retrasarían más de un año la convocatoria y ejecución del
Referéndum Revocatorio, redactando la pregunta que debería ser respondida con
un “NO” o un “SÍ” con un sentido de consulta “ratificatoria” inexistente e
inventado para complacer los caprichos de quien para ese momento usurpaba la Presidencia.
El proceso “ratificatorio”
de Hugo Chávez habría conformado un fraude demostrado sin lugar a duda posible desde
diversos ángulos técnicos, prácticos, jurídicos y comunicacionales. El objeto
de la proliferación de todo tipo de vicios institucionales, jurisdiccionales y
constitucionales relacionados con el Referéndum Revocatorio-“ratificatorio” en
el CNE y el TSJ, tenía como propósito ganar tiempo para mejorar la capacidad de
fraude interno y en general para revertir los resultados de las claras encuestas
que demostraban que una abrumadora mayoría de venezolanos, identificados con
las “oposiciones” pero también con el “gobierno” deseaban desesperadamente revocar
su mandato, plan adicionalmente confesado públicamente por la parte-el “ratificable”
relevando de la prueba. Los “verdaderos” resultados lo habrían revocado.
Dicho esto,
también habría que agregar que para colmo del desvarío, tanto el ex presidente
César Gaviria quien se había prácticamente mudado a Caracas durante ocho (8)
meses, como el ex presidente James Cárter personalmente, así como el Centro
Cárter y los representantes de las misiones de la Comunidad Europea, todos
habrían concluido que el proceso se había realizado sin dejar evidencia
contraria de un proceso que ¡reflejaría fielmente la voluntad de los electores!
Todos habrían
sido cómplices capturados in fraganti con las manos en la masa de la
destrucción de la democracia en Venezuela.
Fin de Acto III.
El CNE II había
reaccionado de manera institucional en defensa de la legalidad ante la
flagrante extinción de la democracia desapareciendo el sufragio, mediante
decisiones y acciones administrativas y jurisdiccionales que se acumulaban a las
anteriores denuncias y recursos por la anulación del Estado de Derecho y la
violación de diversos Derechos Humanos de los ciudadanos, tanto mediante
acciones individuales como institucionales conjuntas del Presidente,
Vicepresidente y un miembro principal, es decir en mayoría calificada de tres (3)
de los cuatro (4) rectores, denunciando tanto en medios de comunicación como instituciones
relacionadas nacionales e internacionales, así como explicando directamente en audiencias
individuales ante un numeroso grupo de embajadores de naciones de América y
Europa con intereses mayores en Venezuela.
En el ámbito
internacional denunciamos el secuestro de la institucionalidad electoral por el
crimen organizado en el seno de dos reuniones hemisféricas, tanto en Panamá
como en el Perú. La primera, ante la “REUNIÓN INTERAMERICANA DE AUTORIDADES
ELECTORALES”, Panamá 12-14MARZO2003, y
posteriormente ante la “REUNIÓN DE PRESIDENTES DE ORGANISMOS ELECTORALES
ANDINOS”, Lima 5-8JUNIO2002, ambas bajo el co-patrocinio de la Organización de
Estado Americanos-OEA.
Entre las
diversas acciones jurisdiccionales recordemos: 1) el recurso-denuncia de la
decisión de la Sala Electoral-Accidental del TSJ ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CNE II, 2003) solicitando la
investigación y decisión oportuna en razón de su impacto directo y evidente sobre
prácticamente todos los DDHH de los ciudadanos y, 2) la denuncia criminal de
los usurpadores de los poderes públicos ante la Audiencia Nacional del Reino de
España en el Juzgado 5to. de Instrucción a cargo del Juez Baltasar Garzón (CNE
exilio, 2005) acción que solicitaba entre otras peticiones, la emisión de la
orden de captura de Hugo Chávez y demás funcionarios que resultasen
corresponsables de las violaciones sistemáticas, permanentes y continuadas de
los Derechos Humanos de los venezolanos y su consecuencia: otro HOLOCAUSTO en
el siglo XXI.
Considerando
suficientes las referencias para el propósito de este documento, gestiones que
habrían permitido demostrar en su contenido y en los documentos allí referidos,
la inexistencia de Estado ni Derecho en el territorio y sobre las que se habría
sustentado la demostración de la desaparición de la institucionalidad así como
la ocupación de Venezuela por el crimen organizado transnacional, que sin lugar
a dudas se habría concretado para vergüenza de nuestro gentilicio. Menos habría
hoy tampoco razón alguna que justificase que se siguieran cometiendo los mismos
“errores” ni las mismas “traiciones” repetidos sistemáticamente a partir de
1999.
Desde 1999
sería razonable aceptar que el régimen conformado por “gobierno-oposiciones” en
todas las autoridades nacionales, regionales, municipales y representaciones
ante los Parlamentos Andino y Latinoamericano serían usurpadores de sus cargos
y a partir de 2004 doblemente ilegales, tanto en la forma en razón de las
circunstancias-origen como cuando habría desaparecido todo vestigio de
legalidad también de los demás instrumentos para el ejercicio activo y pasivo
del sufragio, registro civil, electoral y de los grupos, organizaciones y
partidos políticos así como por su desempeño en concordancia con los intereses
de la ocupación, mucho más grave aún las consecuencias, que han sido definidas y
documentadas como apartheid, genocidio y HOLOCAUSTO.
Si bien la
constatación de tales condiciones nos habrían colocado desde entonces en el
ámbito de reaccionar en “legítima defensa”, en razón del ambiente de
“institucionalidad simulada” y de “genocidio”, que nos autorizaría y obligaría
a actuar con un margen de acción que desbordase necesariamente las talanqueras
imaginarias impuestas por los usurpadores de los poderes públicos, sin embargo,
no ha sido comprendida ni convalidada por la opinión pública en general
controlada por la ocupación mediante el terror y por sus diversos intermediarios,
tanto por los del “gobierno” como por los de las “oposiciones” ambos al
servicio de la ocupación, por lo que sería indispensable la claridad sobre el tema
para comprender el curso general de acciones verdaderamente orientadas hacia la
liberación del territorio venezolano.
Como
consecuencia de lo expresado nos encontramos en una condición excepcional, trágica
e incapaces para liberarnos sin la cooperación política, diplomática, policial
y militar proveniente de otras naciones amigas y fundamentalmente de las
vecinas, por lo que las soluciones que se diseñen, aunque pudiesen desarrollarse
milagrosamente sin adicionar aún más violencia, no podrían ser promovidas ni consideradas
como de “transición”, porque de lo que
se trataría sería del establecimiento de un Estado en Derecho, de la
desocupación de los criminales invasores de nuestro territorio, lo que
representaría un quiebre definitivo del rumbo mantenido a partir de 1999 por
todos los corresponsables de la sistematización de la violación de los DDHH
como política de Estado forajido, por quienes habrían asumido los disfraces de
una institucionalidad inexistente o por cualquier otro medio pretenden seguir sosteniendo la ocupación
o representasen tales intereses.
Este grupo lo
conforman prófugos peligrosos, miembros prominentes del crimen organizado
transnacional, delincuentes confesos por la comisión in fraganti de sus
crímenes, es decir quienes de manera pública, notoria y comunicacional han sido
o siguen siendo cómplices y corresponsables de la ocupación y de sus
consecuencias: crímenes contra la Humanidad, de HOLOCAUSTO en Venezuela, sin prescripción para ser juzgados y de la
competencia de cualquier tribunal en el planeta.
Todos estos
criminales han sido y serán útiles para
la liberación de Venezuela. Los mecanismos para su participación serían
definidos en cada caso, quizá en la forma de una colaboración subordinada y
administrada por el juez penal correspondiente.
Para el
colectivo nacional, la Sociedad Civil, lo que interesa sería la obtención de resultados
que nos devuelvan la vida y la libertad en nuestra nación. No parece importante
cómo se logra tal objetivo, ni menos quienes dirigen sino la competencia y el
compromiso de los involucrados. En consecuencia, la ilegitimidad e ilegalidad
del origen institucional como las del grupo de venezolanos organizados en el
TSJ-L pareciera no tener trascendencia o ser determinante en nuestro caso
porque se trataría de un grupo que contribuiría con la organización de la
legítima defensa de las vidas de todos nuestros conciudadanos y por supuesto de
las propias.
Mientras que
los 7 miembros de la “resistencia” diputados en la ANC I y algunos de los miembros
del Directorio-rectores del CNE II estarían sometidos a las restricciones por
la condición de miembros de cuerpos colegiados que representarían una farsa en
el primero e intereses contradictorios y asfixiados por el avance de la
ocupación en el segundo, la condición del TSJ-L es distinta: tienen sus miembros
Magistrados la visión clara de las estrategias de la ocupación, libertad de
acción y movimiento por residir en el extranjero, gozan de la protección de
varios gobiernos: USA, Colombia, Chile, Perú además de la Organización de
Estados Americanos-OEA, de la Corte Penal Internacional y de la Comunidad
Europea, condición que les ha conferido su verdadera legitimidad y el reconocimiento
internacional, ante y a pesar de un origen dudoso en y de una AN completamente
viciada y desprestigiada que como primer paso deberían denunciar y desconocer,
que habría generado dudas sobre los verdaderos motivos de sus designaciones y de
la persecución y huida de Venezuela, que adicionalmente luce paralizado, a
pesar de que tendría también la capacidad para “auto depurarse” retirando de su
seno a quienes representen el “régimen de ocupación-gobierno-oposiciones” e
incorporando de manera autónoma las vacantes con otros magistrados que
representen la institucionalidad y el Derecho, proclamando desde su tribuna su
reconocimiento a la JdG, contribuyendo a legitimarla, en vez de asumir la
génesis de su creación y su conformación, así como el CNE-en exilio y las demás
instituciones, y sobre todo atendiendo oportunamente su función jurisdiccional
específica en los recursos y consultas específicos que les fuesen presentados
ante cada Sala para el avance del proyecto que nos convoca.
En todo caso
nos correspondería a todos respaldar más bien la conveniencia de que el TSJ-L deslastrado
del origen de su designación en la Asamblea Nacional, demuestre su compromiso con
la recuperación de la “institucionalidad” de Venezuela y corte su cordón
umbilical para conectarlo más bien con la protección del Derecho actuando de
manera autónoma.
La carga de
ilegitimidad e ilegalidad es abrumadora en razón de sus vínculos continuados con
la ocupación a partir de 1999 y con otras instituciones y personas responsables
directas de la ejecución sistemática, permanente y continuada como “política de
Estado” de crímenes contra la Humanidad, como lo hemos manifestado acá y en
documentos dirigidos tanto a la OEA como a la Corte Penal Internacional y
remitidos al TSJ-L.
Podría
argumentarse, dadas las particulares condiciones de Venezuela y de los
venezolanos, que la legitimidad del TSJ-L sería inobjetable cuando fundamentase
su “renacimiento” en una decisión autónoma de un grupo de compatriotas,
ciudadanos, profesionales reconocidos del Derecho con experiencia académica y
jurisdiccional que actuasen como y declarando su institucionalidad legítima al
respaldar la RESISTENCIA y conformándola.
Igual
razonamiento habría sido válido para el
grupo de conciudadanos que conformasen la Junta de Gobierno-JdG y el Sistema
Electoral, o cualesquiera instituciones que cree la JdG o por iniciativas
idóneas que luego fuesen reconocidas y respaldadas por la JdG en nombre y
representación del colectivo secuestrado de Venezuela.
Pero la
necesaria definición de la ruptura con la forma equivocada, fundamentalmente
criminal serial industrializada de la actuación de las autoridades públicas y
de activistas diversos, cuyo propósito sería incorporar a la JdG y a los
organismos relacionados a personas comprometidas con el HOLOCAUSTO, no puede ni
debe ser tolerado bajo ninguna circunstancia.
Serían
entonces aclaradas las contradicciones derivadas del proyecto según el cual
sería necesario que una institución o un individuo absolutamente comprometidos
con la bochornosa historia a partir de 1999, fuesen necesarios para colaborar
con la causa de la liberación, aunque jamás para decidir absolutamente nada
relacionado con la JdG ni para sugerir quiénes podrían conformar los cuadros de
la DIGNIDAD para liberar Venezuela.
Como
corolario de nuestra reflexión y dadas las condiciones internacionales y la
dependencia absoluta de nuestro futuro como sociedad a ella y sus acciones, así
como la continuidad del genocidio y el HOLOCAUSTO en Venezuela, convocaríamos y
exhortaríamos un llamado conjunto a la cooperación de todos los ciudadanos para
que actuásemos aportando cualesquiera que fuesen nuestras condiciones y capacidades,
para asumir las tantas tareas que sería indispensable asegurar en cada rincón
del territorio y del planeta para lograr el objetivo común: ¡nuestra LIBERTAD!
LO ANTERIOR, AUNQUE INCOMPLETO, ES SUFICIENTE PARA
JUSTIFICAR CUALQUIER ACCIÓN QUE SE INTENTE PARA RESTABLECER LA REPÚBLICA, LA
NACIÓN.
BASTA OBSERVAR EN NUESTRO ENTORNO LA EXTREMA GRAVEDAD
DE LO VISIBLE, LA DESTRUCCIÓN FISICA Y ESPIRITUAL DE VARIAS GENERACIONES DE CIUDADANOS
INOCENTES, NO TENIENDO PRESENTE LA AÚN MÁS OPROBIOSA REALIDAD NO VISIBLE PARA
EL CIUDADANO COMÚN O NEGADA POR ALGUNOS Y POR QUIENES CONFORMAN EL
RÉGIMEN-GOBIERNO-OPOSICIONES, QUE CARCOME LAS ENTRAÑAS Y EL ALMA DE QUIENES
TENEMOS CONSCIENCIA.
LA CONDICIÓN DEL SER DEL HUMANO DETERMINA LA FIRMEZA
FRENTE A QUIENES OLVIDARON SU CONDICIÓN DE SAPIENS PARA COLABORAR EN EL SIGLO
XXI CON OTRO HOLOCAUSTO, PRESENTÁNDOLOS OPORTUNAMENTE ANTE LA JUSTICIA COMO
CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA QUE LOS CONCIUDADANOS DE VENEZUELA COLECTIVAMENTE
RECUPEREMOS NUESTRO GENTILICIO Y NUESTRA DIGNIDAD.
Todos, como
ciudadanos libres, activados y empujando hacia el objetivo declarado.
Cuando
Venezuela sea libre y aseguremos tal condición de forma permanente entre todos
nuestros compatriotas, tendremos la ocasión y la obligación entonces de
enfrentar el juicio por el cumplimiento de nuestros deberes.
Muy
atentamente,
Referencias
documentadas en:
Nota [i]:
“Referéndum” consultivo que
habría sido convocado sin la participación del CNE, con la pretensión del
objetivo declarado de demostrar el desprecio y el desconocimiento colectivo de
la institución, por lo que los organizadores conformarían parte de una porción
mayoritaria de los ciudadanos que participasen y manifestasen a favor de los
temas consultados, mientras una minoría lo haría en oposición a ellos:
1. Negar la iniciativa del
régimen-“gobierno” para convocar otra Asamblea Nacional Constituyente.
2.
Ordenar a las Fuerzas Armadas Bolivarianas-FAB su obediencia a la
decisión de la Asamblea Nacional-AN, a
su vez en desacato de decisión del Tribunal Supremo de Justicia-TSJ.
3. a) Demandar la renovación de los poderes
públicos.
b) Solicitar la convocatoria a elecciones generales libres y
transparentes.
c) Abogar por el nombramiento de un
Gobierno de Transición de Unidad Nacional.
Esta convocatoria a “Referéndum” múltiple, desde el
carácter público de su convocatoria, organización, administración,
totalización, escrutinio y proclamación de resultados, habría carecido de
legitimidad por la falta de garantías y por someter a consulta ciudadana
cuestiones absurdas o ilegales, no teniendo sus resultados valor técnico,
electoral o político y contradictorios para la opinión pública cuando su diseño
insistiría en la promoción de la división de la sociedad mediante
participaciones parciales de la misma.
La bondad de esta iniciativa habría sido su pretensión
de demostrar a una parcialidad-grupo de ciudadanos del régimen-“oposiciones” y
al mundo que el CNE no sería confiable, de la misma manera como el CNE
promovería su confiabilidad a otro grupo del régimen-“gobierno”, pero no se llenaría la condición fundamental
de un Sistema Electoral, su autonomía, el carácter general de sus consultas,
teniendo algunos vicios fundamentales adicionales que podríamos referir:
1)
la
ilegalidad e ilegitimidad de someter a consulta pública tanto principios del
Derecho como opciones ilegales.
2)
el
anonimato de sus organizadores,
comprensible en razón del estado de terror, de la inexistencia de
Derecho y la necesidad debida de proteger a sus responsables.
3) Habría
sido organizado por uno de los dos grupos del “régimen” que usurpan los poderes
públicos, las denominadas “oposiciones”,
sin representación alguna del otro grupo denominado “gobierno”, ambos al
margen y de espaldas de la desesperada Sociedad Civil que conformaría las
grandes mayorías.
Habría sido mostrado estadísticamente que la
abrumadora mayoría de ciudadanos no se sienten representados por alguno de
ellos, adicionalmente que los volúmenes históricos de votantes por uno u otro
grupo serían consecuencia de la manipulación y de la promoción de la
polarización deliberada, diseñada por ambos y administrada por el CNE para el
beneficio de ambos, en detrimento de los intereses de las mayorías y para
consolidar su esclavitud.
Esta actividad electoral que referimos tendría
importancia para ilustrar el nivel de manipulación. Por un lado el régimen de ocupación
tolera que se realice un acto ilegal-subversivo que promovería exclusivamente
su componente “oposiciones”, simulando la tercera fractura electoralista entre
los cómplices del régimen de ocupación desde 1999 entre “gobierno” y
“oposiciones”, condición que pretendería exonerarlos a ambos, al régimen, por
las responsabilidades en el fraude electoral que sostienen.
La dos anteriores fracturas del régimen entre
“gobierno” y “oposiciones” habrían sido durante los fraudes electoralistas
organizados por el CNE, conocidos como “Referéndum Revocatorio”-“ratificatorio”
de Hugo Chávez el 15AGOSTO2004 y la “Elección de los diputados a la Asamblea
Nacional” del 4DICIEMBRE2005.
En el primer evento habría participado más del 94% de
los inscritos en el Registro de Electores, votantes pro “gobierno” y pro
“oposiciones”, quienes de acuerdo con las pocas encuestas independientes y la
interpretación de las contradicciones de las demás publicadas o no, habría sido
posible concluir que la mayoría habría manifestado su SÍ para revocar el
Presidente, mientras que el CNE habría dado resultados de una votación
importante para ambas opciones y había invertido los resultados declarado el
triunfo del SÍ ratificatorio. Este mega fraude habría dejado el récord de la
mayor participación en eventos electorales en Venezuela y probablemente
superado en el mundo por los 99,+% del electorado cubano en favor de las
proposiciones o candidatos recomendados por Fidel Castro.
El segundo evento-fractura habría sido realizado más
de un año después, otro récord mundial de abstención de las “oposiciones”,
superior al 84%, según el CNE 74%, que determinaría solamente la elección de
diputados representantes del régimen-“gobierno” para ocupar todos los cargos.
Un elemento sobresaliente en el comportamiento
desafiante al régimen por la Sociedad Civil lo habría conformado en ambas
consultas un comportamiento electoral inesperado que sorprendería al
régimen-“gobierno”-“oposiciones” en razón de la certeza pública de que había
desaparecido el secreto del voto, por lo que las graves consecuencias, los
castigos y premios de todo orden y grado administrados por el régimen de
ocupación mediante las listas del apartheid criollo “Tascón” y “Maisanta”
caerían sobre cada uno de los votantes así como de los abstencionistas.
Téngase presente que en ambas convocatorias
electorales, como en todas las demás realizadas a partir de AGOSTO2003 no
habría sido necesario ni siquiera arribar a la mitad del cronograma electoral
de su organización para declararlas nulas, en razón del escandaloso número de
violaciones de todo orden en sus etapas preparatorias, que habría permitido a
un CNE y a tribunales independientes ordenar su suspensión y la denuncia de sus
responsables ante la Justicia Penal.
