LÍDERES DE LA GRAN COLOMBIA DEFIENDEN A VENEZUELA

Los presidentes Uribe y Santos de la Gran Colombia, ¿defensores de la República de Venezuela?

Rómulo Lares Sánchez


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El Presidente de la República de Colombia, Álvaro Uribe, estaría honrando una deuda pendiente con el colectivo venezolano, por el compromiso de la institución presidencial de denunciar ante la Justicia penal internacional a Hugo Chávez y desenmascarar su régimen totalitario-militar, al ordenarle al Ministro de la Defensa colombiano hacer pública una porción de la trágica, perversa y pervertida etapa de la Historia de Venezuela, cuando el usurpador de la representación del Estado, de su jefatura y de las Fuerzas Armadas se habría asociado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-FARC, el Ejército de Liberación Nacional-ELN, el narcotráfico, la subversión regional auspiciada por el Foro de Sao Paulo de Lula Da Silva, por los hermanos Castro y la mundial del crimen organizado transnacional y el terrorismo promovido por diversos estados forajidos.

Toda esta tragedia, ha contado con la complicidad de las élites locales que auspician a las "muecas" denominadas oposiciones políticas, autorizadas por el régimen, que actúan como si la realidad fuese otra, mientras censuran a las mayorías absolutas que los rechazan y mediante el escándalo de asociarse con el régimen del crimen organizado transnacional en el fraude político-electoral, para promover y participar en "elecciones" y "referendos" de su sistema electoral, que es el fundamento sobre el que se sostienen todas las demás complicidades y asociaciones.

A pesar de las hipótesis que colocarían al presidente electo, Juan Manuel Santos, en una dirección diferente de la acción del Estado colombiano anunciada por Álvaro Uribe, la reunión de la OEA promovida por Colombia esta semana pareciera el primer paso para denunciar ante la Corte Penal Internacional al "presidente Chávez" por "patrocinio y financiación de grupos genocidas", expresando que "no necesitamos que simplemente nos den palmaditas en el hombro para expresarnos el pésame por nuestros muertos mientras están refugiando (en Venezuela) a los verdugos de Colombia" (5MARZO2008- www.elcomercio.pe/edicionimpresa/Html/2008-03-05/uribe-denunciara-chavez-patrocinar-y-finaciar-farc-html ).

Luce también claro, que el fortalecimiento del Estado de Derecho en Colombia unificó al país en el objetivo de la eliminación de la insurgencia armada y de la industria del narcotráfico, establecidos hace décadas con rango cuasi institucional, que lo habría conducido a aliarse militarmente con su primer socio comercial, los Estados Unidos de Norteamérica, también el espacio del mayor mercado mundial del narcotráfico, mediante la conformación de una organización-plan militar conjunto dentro del territorio colombiano, para la guerra contra estos dos enemigos de la civilización.

Es de esperar, que también el presidente Santos, en cumplimiento de su mandato, colocará a la seguridad nacional colombiana como prioridad, ante la extorsión de quien controla de hecho y por la fuerza al segundo socio comercial, Venezuela, a su vez defensor-promotor de las FARC, enemigo número uno de las libertades, de la república y de la democracia venezolana y continental, quien habría establecido el cierre de la frontera institucional con Colombia mientras continúe el tránsito del narcotráfico y la exportación de la subversión.

Es a partir del "sufragio" en Venezuela, cuando la comunidad internacional, tanto los organismos multilaterales, OEA y su Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ONU, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Tribunal Penal Internacional, pero también otras naciones, sus instituciones y gobiernos reconocen "autoridades legítimas", argumento y razón fundamental aunque inaceptable, para desechar las denuncias y solicitudes de investigación e intervención que hemos consignado decenas de ciudadanos e instituciones ante esos organismos, por las violaciones escandalosas de los derechos humanos, la injerencia política, financiera y militar en los asuntos internos de otras naciones y la inexistencia de Estado de Derecho, todas ellas neutralizadas por funcionarios venezolanos y extranjeros que responden a los intereses comerciales y políticos de sus estados y también personales, en las corruptelas cómplices de genocidio que han venido conformando como organización del crimen organizado transnacional disfrazado con ideologías.

La última institución responsable de la Soberanía Nacional, las Fuerzas Armadas, en particular los miembros del Alto Mando Militar y sus oficiales, sostienen un régimen militarista y totalitario, han venido participando en la destrucción de las instituciones, la depredación y el saqueo de los activos nacionales que los recompensa personalmente, permitiendo la creación de unas milicias paralelas y sometiendo cualquier disidencia interna o externa mediante la acción represiva de los servicios de inteligencia cubanos, que el Alto Mando Militar ha promovido y permitido que operen y se integren a la institución y a la nación.

La institución presidencial de la República de Colombia ha asumido, para vergüenza de los venezolanos, la defensa de nuestros valores libertarios y republicanos, este sería el más profundo significado de "naciones hermanas", mientras que las instituciones venezolanas no se han atrevido, más bien se han asociado con el régimen. Esta otra tragedia incluye a las iglesias, las academias y universidades, el empresariado, los gremios, los sindicatos y los medios de comunicación social.

El peso que para el bienestar de los colombianos tiene la integración comercial e industrial entre Colombia y Venezuela, es una prioridad para la administración del Estado colombiano, así como también lo debería ser para el venezolano. A este hecho evidente, se ha enfrentado la hermandad del régimen venezolano con la subversión y el narcotráfico, en respaldo de un proyecto continental que nos obliga a colombianos y venezolanos a actuar con la sensatez de posponer lo económico, la importancia de los flujos comerciales naturales, deseables y legítimos, para asumir los sacrificios para ambas economías, en el entendido de que las consecuencias de la prolongación del Estado terrorista en Venezuela serían muchísimo más graves e irreparables para todos.

La acción subversiva del régimen venezolano, inverosímil, ridícula y grotesca, pretende ser transformada en heroica y digna por la multimillonaria propaganda oficial, pero en realidad es trágica, porque arrastra en sus consecuencias a la sociedad que lo desconoce y lo rechaza, mayoría silenciada porque no dispone de verdadera representación entre las "oposiciones", todas las instituciones del Estado están usurpadas y la censura y autocensura integral impiden que se exprese. Así se potencia el argumento para denunciar como agresión regional a la asociación legítima entre dos naciones soberanas: los Estados Unidos de Norte América y la República de Colombia, indispensable para enfrentar a los enemigos comunes: FARC, ELN, narcotráfico y el régimen venezolano y sus socios, en el programa conjunto para la lucha contra la subversión y el narcotráfico, que contempla la utilización del territorio de Colombia por unidades militares norteamericanas.

Los antecedentes personales, políticos e ideológicos nos anunciarían la coherencia de la transición Uribe-Santos, en cuanto a su posición frente a los enemigos públicos: el régimen venezolano y las FARC, en ese orden, el mismo de los enemigos de la República de Venezuela, asociados con los cohonestadores y promotores del fraude político, cuya expresión fundamental es el Sistema Electoral.

La creación de un ambiente de "entendimiento" entre Colombia y Venezuela, prioridad legítima, histórica y comercial de ambas naciones, no puede colocarse antes de la existencia ni de la soberanía de los propios estados, de la injerencia externa en sus asuntos internos, de la violación de los derechos humanos, de la desaparición del Estado de Derecho y de la paz, aspiraciones con las que los colectivos de ambos países estaríamos comprometidos.

La crisis ética e histórica que vive Venezuela amenaza también tanto a los colombianos residentes en nuestro territorio como a la propia seguridad de Colombia, realidad que habría sido comprendida e interpretada por los presidentes Uribe y Santos.

El restablecimiento del Estado de Derecho en Venezuela es fundamental para asegurar la paz regional, enfrentando los intereses transnacionales del crimen organizado y de la subversión, promovidos por el régimen venezolano, lo que lo transformaría en el principal objetivo de la comunidad internacional democrática y de los estados soberanos afectados, el mismo de la Sociedad Civil venezolana.