IMPUNIDAD PRESENTE EN LA OEA

Rómulo Lares Sánchez

Caracas - VENEZUELA



Honorables miembros de la

Comisión Interamericana de Derechos Humanos-DDHH.

Washington D.C., 20006

U.S.A.



Atención: Sr. Santiago A. Cantón. Secretario Ejecutivo de la CIDDHH.

Referencia: Caso No. P-282-03, de fecha 21 de julio de 2003.



Asunto: Silencio ante el recurso-denuncia que interpusiera ante esa instancia, por la violación de los DDHH de todos los venezolanos y residentes en el territorio de la República de Venezuela, en el Referéndum Consultivo del 2FEB2003, suspendido arbitrariamente por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.



Honorables miembros:



Tengo el deber de dirigirme a ustedes con el objeto de reclamar con la mayor fuerza y convicción, lo que considero raya en la negligencia de esa instancia de la justicia en el Continente Americano, a pesar de que durante estos últimos años han venido siendo atendidos y decididos algunos casos particulares relacionados con las violaciones permanentes de prácticamente todos los DDHH en Venezuela, que en mi criterio son consecuencia o producto de la violación de los derechos descritos en el contenido de nuestro recurso-denuncia referido, y cuyo origen se puede precisar en la perversión del Sistema Electoral-SE y su VOTO, responsabilidad asignada a un nuevo Poder Público Nacional que se ejerce en el Consejo Nacional Electoral-CNE, convertido en el mecanismo del fraude para la legitimación de un régimen totalitario, militarista y fascista, que deja como miembros de un jardín de infancia, a todos los dictadores y tiranos de nuestra nación y de nuestro continente, para superar en los niveles de crimen y destrucción a los regímenes europeos fascista y nacionalsocialista-nazi.



Habiendo residido por largos períodos en otros países del hemisferio y de Europa, y obligado por las circunstancias profesionales a seguir el desempeño político, económico, tecnológico y cultural en ambos continentes, también mediante el contacto directo con esas diversas culturas, encuentro insólito que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDDHH no se haya pronunciado después de CINCO (5) AÑOS, sobre un caso tan claro y tan perverso, que adicionalmente está, como referí, en el origen de la crisis general en la que se encuentra sumida la nación.



No se trata de que no tengamos ya los cadáveres alineados para el reconocimiento por parte de las comisiones internacionales para la mediación o para la paz. Según diversas y acreditadas organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales especializadas en la violencia y los DDHH, desde 1999 hasta 2006 habrían sido abatidos con armas de fuego en las calles de las ciudades, en los predios rurales y en los espacios de confinamiento penitenciario civil y militar, alrededor de CIEN MIL (100.000) personas, y habrían sido indiciados en estos crímenes alrededor de CINCO MIL (5000) militares y policías, mientras tan sólo alrededor del 4% de los expedientes se procesaban en la fiscalía o eran presentados ante los tribunales.



Desde que en mi condición de Miembro del Directorio colegiado del CNE, co-responsable del Poder Público Nacional Electoral, denunciamos la flagrante violación del Estado democrático de Derecho y de Justicia-EDDJ consagrado en nuestra ley fundamental, el SE-CNE-VOTO ha fabricado sistemáticamente resultados en todos los eventos electorales, hasta el más reciente escándalo de la segunda edición de las denominadas elecciones de gobernadores y consejos legislativos de estados y alcaldes el 23NOV2008, dando como resultado desde la farsa del referéndum inventado “ratificatorio” del 15AGO2004, hasta la proclamación de autoridades ilegales e ilegítimas en todas las instancias nacionales, regionales, municipales y parroquiales, y conduciendo al país hacia la guerra civil de facto.



Es notoria la presencia de inmigrantes permanentes en programas de cooperación internacional como asesores, técnicos y personal con experiencia militar de diversos orígenes en cantidades no establecidas, pero muy numerosa, algunos reportes la estiman superior a los cuarenta mil (40.000) hombres. Las relaciones abiertas con la guerrilla continental, particularmente el financiamiento y el apoyo en operaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-FARC y con el Frente de Liberación Nacional-FLN de Colombia; la legitimación de capitales, la participación en la industria del narcotráfico, además de los convenios militares y para la explotación de la energía de los hidrocarburos, la energía atómica, las comunicaciones, la industria militar, con naciones asociadas tales como CUBA, CHINA, República Islámica de IRÁN, RUSIA, BIELORUSIA, SIRIA, BOLIVIA y NICARAGUA, de espaldas y sin aprobación alguna por parte de la sociedad civil venezolana.



Honorables miembros, debe asumir la CIDDHH su gran cuota de responsabilidad en la pérdida del EDDJ en Venezuela, su silencio ha contribuido a que los demócratas venezolanos, civiles y militares, que arriesgamos nuestra vida y la de nuestras familias, seamos forzados al exilio, asesinados dentro de los cuarteles, en alguna plaza pública, o víctimas fatales del “hampa común”, sometidos a prisión sin proceso alguno o mediante una grotesca caricatura-simulacro, adicionalmente silenciados con la censura y la autocensura de los medios de comunicación social, como ejemplos efectivos para inhibir las iniciativas del resto de la población, ante las persecuciones políticas y clandestinas de más de seis (6) millones de ciudadanos opuestos públicamente al régimen totalitario, lo que representaba el 50% del Registro de Electores, quienes manifestaron su legítimo derecho de solicitar el Referéndum Consultivo sobre la gestión del para entonces Presidente de la República, que fue convocado por el CNE para el 2FEB2003, al origen de nuestro recurso ante la CIDDHH, identificados mediante la denominada “Lista Tascón-Maisanta” en honor al apellido del diputado del partido del régimen que la hizo pública y del alias del bandolero-guerrillero del Siglo XIX, ancestro de Hugo Chávez y para quien pretende el título de “revolucionario”, lista que se transformó en la guía para la sistemática persecución y acoso de los ciudadanos.



¿Qué más necesita conocer la comunidad hemisférica para sonar las alarmas y actuar en el caso de Venezuela? No parece aceptable como explicación, que la oscura negociación para el apoyo del régimen al nombramiento del Sr. José Miguel Insulza como Secretario de la OEA, pueda influenciar como retribución para desvanecer la flagrante violación permanente del EDDJ por parte del régimen, arrastrando al silencio a la CIDDHH y a la OEA.



Ha sido entonces plenamente documentada la sistemática persecución de los detractores, disidentes y opositores, hasta sembrar un estado general de miedo y de terror, mostrando por decenas de miles los ejemplos de quienes han perdido sus ahorros y haberes laborales de vida –asaltados por el propio Estado-, sus empleos, sus cupos en institutos o programas especiales, o deben enfrentarse a las negociaciones clandestinas para obtener su documentos de identidad, su pasaporte, o resolver un “error” de la administración de la aduana o fiscal que representa la quiebra de su negocio o industria, o los privilegios para acceder al mercado regulado de divisas. ¿No han sido ustedes informados de la documentación abundante que demuestra la sistematización al nivel de política de Estado, para el desconocimiento de la propiedad privada inmobiliaria urbana y rural, y la promoción de su invasión para desconocer su titularidad legitima? ¿O, las manipulaciones judiciales que como magos de circo desaparecen los legítimos accionistas-propietarios para materializar a otros identificados con la “revolución”?



Hoy se habla en las calles de varios estados de las políticas de exterminio, y de la popularización de la acción del sicario político. La vida del ser humano en Venezuela perdió todo significado y valor. ¿No es claro para esa instancia de la justicia continental, que las prácticas “administrativas” del régimen venezolano describen perfectamente lo que define la condición práctica y teórica de un ESTADO TERRORISTA, cuyas acciones sistemáticas transforman en responsables de los crímenes que le serán imputables a todos los usurpadores de los poderes públicos, hasta la categoría de crímenes de Lesa Patria y Lesa Humanidad, en general crímenes contra la humanidad?



Reclamo y exijo con la mayor fuerza la atención del caso del Crimen Organizado Transnacional-COT que se ha apoderado de la República de Venezuela, una corporación perversa de proyecciones continentales y mundiales que ustedes mediante su inacción han contribuido sustancialmente a establecer.



Nuestra Constitución vigente desde 1999, ordena al ciudadano investido o no de autoridad, desconocer tanto la autoridad usurpada como sus actos, decisiones y leyes promulgadas al margen de lo en ella establecido, y actuar para el restablecimiento de su plena vigencia. Dentro de este mandato supremo ejerzo ante ustedes este nuevo reclamo.



Es justicia que vehementemente solicito y espero, en nombre de la sociedad civil, del colectivo, en mi doble condición tanto de ciudadano como la de responsable del Poder Electoral en la que me considero, en virtud de que desconozco la acción arbitraria de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en AGO2003, cuando invadió las competencias del Poder Legislativo-Asamblea Nacional, único competente para ejecutar la revocatoria o el nombramiento de los miembros del Poder Electoral-CNE, designando “miembros convenientes” e invadiendo adicionalmente la autonomía de su propia competencia, mediante el nombramiento de funcionarios subalternos.



Atentamente,



En Caracas, Venezuela, el 8 de diciembre de 2008.



Copia: Organización de los Estados Americanos-OEA. Consignada en la Oficina de la OEA en Caracas.