CONSEJO NACIONAL ELECTORAL – CNE
COMUNICADO A LA NACIÓN
El Directorio del Consejo
Nacional Electoral-CNE, ente Rector de la institucionalidad electoral-Poder
Electoral que corresponde ejercer, hace del conocimiento público que se
dispone a reasumir la representación y el progresivo control de la institución
interrumpidos a partir del 23AGOSTO2003.
El ejercicio de las atribuciones
del CNE habría permanecido vigente como consecuencia de haber sido
creado a partir del único verdadero Diálogo, Negociaciones y Acuerdos desde
1999 hasta el presente en Venezuela, que se habría concretado el 4JUNIO2000 con
la participación más amplia que se registrase de asociaciones y representantes
de la Sociedad Civil, Política, Empresarial, Académica, Profesional, Sindical y
Religiosa, patrocinado por el Poder Legislativo Nacional de
Transición-“Congresillo”, en razón de la obligación de la colaboración
entre los Poderes Públicos y en atención a la disposición-Decisión del Tribunal
Supremo de Justicia-Sala Constitucional, que habría declarado oportunamente “Emergencia
Nacional” el 28MAYO2000 al suspender el acto electoral “Mega Elecciones”,
convocado ese mismo día para elegir a prácticamente la totalidad de los
funcionarios proclamados mediante elección popular.
El primer CNE de la
“revolución” había colapsado estrepitosamente, desnudando la conspiración del
Régimen impuesto mediante el tránsito hacia un Golpe de Estado continuado
iniciado el 3FEB1999 desde Miraflores, escenificado en el Palacio Legislativo
con la participación de los demás poderes e instituciones nacionales, con el
propósito de destruir la continuidad institucional establecida a partir de 1811
hasta la Constitución de 1961, proclamando mediante escandalosos fraudes diversos
y electorales una denominada Constitución de 1999.
Tras cinco (5) días de intensa
actividad, seguida en medios de comunicación por todo el país y durante la
Sesión Especial convocada con objeto único aquel 4JUNIO, serían presentados
veinte y seis (26) candidatos de los más de 400 considerados, proclamándose por
unanimidad con la abstención del Diputado Reinaldo Cervini, cinco (5)
Directores-Rectores principales y cinco (5) suplentes, quienes asumiríamos de
inmediato nuestras designaciones caminando desde el Palacio Legislativo a la
Sede del CNE, instalando el Directorio incorporando a los diez (10) e
iniciando la agenda acordada en esa primera Sesión.
Afirmamos con las indiscutibles
evidencias, que no habría habido gestión alguna del CNE coherente,
eficiente, transparente y apegada al Derecho, sino durante el período
4JUNIO2000 al 23AGOSTO2003.
Sin embargo, la gestión del CNE
habría sido interrumpida sistemáticamente mediante la interferencia hasta el
acoso de diversas instituciones, entre ellas el Tribunal Supremo de Justicia en
sus Salas Electoral, Constitucional y Plena como por la Tesorería Nacional,
obligándonos a aplicar soluciones “creativas” para cumplir con las obligaciones
de la institución, inclusive mediando la organización de una colecta pública de
donaciones que durante un fin de semana recaudó aportes de decenas de miles de
ciudadanos, alrededor del 30% de los recursos necesarios para efectuar el
Referéndum Consultivo sobre la gestión del Presidente Hugo Chávez convocado el
2FEBRERO2003, solicitado por la Sociedad Civil y partidos políticos mediante el
respaldo de millones de firmas en exceso de la norma, que habría sido
suspendido por la Sala Electoral-TSJ en actuación además de bochornosa en su
contenido, escandalosa, mediante la conformación de una Sala Accidental
Electoral que habría reclutado alguno de sus miembros entre los visitantes y
transeúntes de los alrededores del Palacio de Justicia, para impedir un acto
que habría determinado la inmediata manifestación pública de la ciudadanía para
convocar otro Referéndum esta vez Revocatorio, cuyo resultado sí podría
conducir simultáneamente tanto al cese de las atribuciones del Presidente de la
República, como a la convocatoria para la elección de un nuevo Presidente, sin
la participación como candidato del ex Presidente que fuese sancionado.
Con el objeto de doblegar e impedir
nuestra convicción y determinación para cumplir con nuestras obligaciones, dado
que para la gestión de un Referéndum Revocatorio disponíamos de todo lo
necesario, tanto de los materiales dispuestos para el Referéndum Consultivo reusables
como de los recursos provenientes de los cientos de miles de donaciones del
Colectivo, se produciría el sabotaje definitivo del CNE mediante un
golpe de Estado el 23AGOSTO2003, que habría correspondido liderar el Tribunal
Supremo de Justicia-TSJ en su Sala Constitucional, transformado en verdugo de
la Ley, la Libertad y la Democracia, mediante decisión
igualmente bochornosa e ilegal en su forma y fondo que, adicionalmente usurpaba
tanto las atribuciones del Poder Legislativo-Asamblea Nacional como interfiriendo
el legítimo ejercicio de las atribuciones de este Poder Electoral-CNE, como
del Poder Ciudadano, las Facultades de Ciencias Jurídicas de las Universidades
nacionales y la Sociedad Civil en general mediante la designación de la
totalidad de los Rectores Principales y Suplentes (10) de manera arbitraria, usurpando
la competencia del Poder Legislativo, irrespetando los lapsos y los
vencimientos de los períodos correspondientes de quienes conformábamos su Junta
de Rectores-Directores, sin tomar en consideración la lista de los diez y seis
(16) aún disponibles en el acuerdo referido del único Diálogo Nacional, de
entre los veinte y seis (26) seleccionados por el Comité de Postulaciones del
Poder Legislativo de Transición y adicionalmente, designando varios
funcionarios subalternos del CNE.
Habría estado el CNE en el
centro de la disputa, ataques y fracturas internas ocasionados por la
polarización inducida por el Régimen político conformado, como por el desquicio
de los liderazgos en los sabotajes administrativos de las instituciones y
personal de dos grupos de protagonistas, por un lado liderados por el
Presidente Hugo Chávez sometiendo los demás poderes públicos a Miraflores y por
el otro, oposiciones políticas con representación en la Asamblea Nacional, algunas identificadas con el liderazgo de la
Sociedad Civil y de la ONG SÚMATE creada por la Diputado María C. Machado,
ambos bandos “rojos - azules” interfiriendo directamente en algunas áreas
operativas como en el Directorio mediante varios Rectores quienes fungían como
fichas de uno u otra, irrespetando la institución y la nación al pretender
transformarla en otra aún más parcial o parcializada, a pesar de haber demostrado
el CNE consistentemente una gestión transparente, enfáticamente de
condición apartidista y sujeta a la Ley, erosionando hasta destruir la
autonomía del Poder Electoral, fracturándolo internamente e impidiendo la
representación de los intereses generales del colectivo sino intereses
parciales, oscuros, presentes y acumulados durante lustros, como quedaría
documentado y descrito durante los 25 años recientes de la Historia
contemporánea de Venezuela.
Hubimos de inaugurar la Sala
Plena del TSJ, presentando la denuncia de la manipulación de los procesos
electorales de los Sindicatos y Federaciones Sindicales en el seno del
Directorio, que de forma expedita habría escuchado las partes declarándola por
unanimidad SIN LUGAR.
No habría ninguna voz de alarma
de institución alguna, tampoco de los rojos o los azules, ni denuncia del
exabrupto ético y jurídico, ya se desvanecían como habría desaparecido la
política, el Derecho y la ética hasta nuestros días. Tampoco manifestaciones de
apoyo al CNE en Venezuela o desde el extranjero, ni habrían sido
atendidas menos respondidas, nuestras gestiones diversas y recursos ante la
Sala Constitucional del TSJ, la Comisión Interamericana de DDHH, la Secretaría
General de la OEA como los representantes de todas los Estados miembros, la
Audiencia Nacional del Reino de España y la Corte Penal Internacional-CPI.
A partir del 23AGO2003 el CNE
se constituyó en CNEe -exilio-, de manera de mantener en lo posible el
seguimiento de nuestras obligaciones constitucionales, en razón de nuestra
incapacidad para impedir la usurpación y ocupación de nuestra institución, como
sería el caso para los demás poderes públicos de la República y sus
instituciones subalternas, ejercidos por un Régimen de Ocupación-RO
extranjero con la complicidad de nacionales.
En virtud de la obligación como de
la natural y necesaria colaboración entre los Poderes Públicos de la Nación, en
esta fecha nos dirigimos tanto al Poder Ejecutivo de transición proclamado por
este CNE el 3AGOSTO2024[i],
como a quienes conformando el Régimen de Ocupación-RO ejercen arbitraria
e ilegalmente los demás Poderes Públicos Nacionales, de los Estados y
Municipios, así como en los Parlamentos Latinoamericano y Andino, con el
propósito de establecer la mayor concertación y colaboración nacional, regional
e internacional para lograr de manera programada y expedita una transición progresiva
clara, transparente, efectiva y en paz, en primera instancia, hacia la
estabilidad de un Régimen de Transición del Poder Ejecutivo Nacional representado
por el Ciudadano Presidente Electo de la República Edmundo González Urrutia
y su equipo designado, con el propósito de asegurar el ejercicio inmediato de
la Representación de la Nación, la Jefatura del Estado como el Comando en Jefe
de las Fuerzas Armadas Nacionales.
En razón de la decisión del
Presidente, el Gobierno, el Congreso de los EE.UU. para colaborar con el
proceso de restablecimiento del Estado, el Derecho y la Democracia en
Venezuela, como el apoyo mayoritario de sus ciudadanos, de la Opinión Pública, disponiendo de una Flota
Naval, Aérea y de Asalto en las costas adyacentes, indispensable para alcanzar
los objetivos comunes: 1) por una parte el progresivo desmantelamiento de la
Ocupación de VENEZUELA bajo la administración directa de la burocracia de Cuba
en complicidad con China, Rusia, Irán, además de la participación directa de
las FARC, ELN, ETA, Hezbollah, entre
otras organizaciones terroristas, habiéndose incorporado todas las
instituciones oficiales de Venezuela como promotoras del Crimen Organizado
Transnacional-COT y para la
legitimación de capitales, tanto desde los Consulados y Embajadas como en las operaciones
de las Industria del Petróleo, del Hierro, Aluminio y las instituciones
financieras públicas y privadas, como por la otra: 2) orquestando desde
Venezuela la invasión de los EE.UU. mediante la producción industrial de documentos
de identidad otorgados a terroristas y delincuentes comunes locales y sus
familias provenientes de diversas latitudes, promoviendo en gran escala tanto
la migración irregular como el envío masivo de drogas baratas con el mismo
propósito de destruir su institucionalidad, que se habría iniciado como “Política
de Estado” en Venezuela a partir de 1999 y estructurado adicionalmente para la
injerencia en su procesos electorales internos a partir de 2003, mediante la
gestión directa o mediante intermediarios desde el CNE.
Consideramos necesario, indispensable,
que la cooperación conjunta de los EE.UU. y la República de Venezuela sea
canalizada a través de su respaldo y sostenimiento de la precaria, aunque clara
institucionalidad provista de legitimidad.
Entendemos que razones de índole operativo-militar
aconsejen opciones extremas en negociaciones con criminales confesos y prófugos
de la Justicia Penal Internacional y de la de los EE.UU., con el propósito legítimo
de minimizar los riesgos tanto para las unidades involucradas en la operación
de rescate de la institucionalidad como para la población venezolana, sin
embargo, estando claramente establecido a partir de 1999 la condición del SECUESTRO-OCUPACIÓN
EXTRANJERA de la Nación, se hace necesario asumir tal condición,
entendiendo conveniente y útil la negociación con los secuestradores pero sin
promover la “continuación de la simulación institucional”, sino sólo
como individuos, o grupos de criminales de altísima peligrosidad y otros cómplices
por omisión y/o con las “mejores intenciones”, ambos grupos corresponsables de
la lista completa de los Crímenes Contra la Humanidad y un nuevo HOLOCAUSTO en
el siglo XXI en y desde Venezuela.
Simultánea y progresivamente contando
con el respaldo militar de los EE.UU. sería necesario dialogar, debatir y
decidir en consideración amplia de la opinión pública nacional, sobre la ruta
óptima para el restablecimiento pleno del Estado de Derecho, desaparecido a
partir de la fractura que nos conduciría a un cuarto de siglo traumático y
decadente hasta la práctica destrucción de la Nación y del gentilicio, iniciado
a partir del denominado Proceso Constituyente de 1999.
En consecuencia se hace indispensable
que ante la inexistencia de Medios de Comunicación independientes, los canales
oficiales del Estado en general, el circuito nacional de televisión y de radio
fundamentalmente, como las redes sociales, fuesen liberadas y recuperadas
expulsando su ocupación como protegidas, de manera de que el colectivo las disponga
de manera abierta y libre, institucionalmente, sin censura alguna, al servicio
de la Nación y sus nacionales.
Mientras tanto y en razón de la
natural participación permanente y directa de las Fuerzas Armadas Nacionales-FF.AA.NN.
en las actividades de rutina cotidianas del CNE, mediante unidades
internas de su Comando Unificado-CUFAN, de acuerdo con la legislación y la
tradición de ambas instituciones, solicitamos la designación inmediata de
dichas unidades, de manera de iniciar nuestras actividades en la Sede en
Caracas conjuntamente con su participación, así como las correspondientes órdenes
operativas y administrativas para el debido respaldo y la protección para todos
nuestros funcionarios, personal e infraestructuras en el resto del territorio
Nacional.
Subrayamos la urgencia en el
cumplimiento de la obligación de las FF.AA. para recuperar progresivamente el control del territorio, asegurar la integridad
de nuestros ciudadanos y residentes como de la infraestructura física de la
Nación y sus fronteras, enfrentando hasta someter a los grupos terroristas y
operadores del Crimen Organizado Transnacional-COT que ocupan nuestro
territorio y las instituciones de la República de Venezuela, como a las bandas
que promueven para que se expresen con armas de guerra públicamente en las ciudades
y vías de tránsito en diversas jurisdicciones, amenazando a nuestros ciudadanos.
Por cuanto es responsabilidad de
la Institución Electoral ejercer las responsabilidades de la Fiscalización de
la creación y mantenimiento de la ciudadanía, bajo responsabilidad del
Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia conjuntamente con el Poder
Municipal, en relación con las delicadas labores para la emisión de la Cédula
de Identidad, el mantenimiento del Archivo de Venezolanos Cedulados-AVC y la
inscripción de la Partida de Nacimiento en los libros respectivos, saludamos
ambas instituciones como a sus responsables, funcionarios y personal,
agradeciendo la mayor atención y colaboración especialmente durante el actual proceso
de transición, como en los mismos términos ofrecemos la nuestra desde la Comisión
de Registro Civil y Electoral, la Fiscalía General de Cedulación-FGC y el
Directorio, en razón de que consideramos esta particular área sumamente
delicada, de vital importancia y urgencia para el restablecimiento de la Nación,
su Estado, el Derecho, la identidad de sus nacionales y nuestro Gentilicio ante
el mundo.
En razón de las obligaciones de
la Institución Electoral y de las presentes circunstancias nacionales,
consideramos indispensable la coordinación de un Censo Nacional de la Población,
con la invitación especial para conformar los equipos de trabajo del CNE
mediante la participación de todos los ciudadanos venezolanos mayores de 16
años, designando a quienes fueses seleccionados oficialmente y mediante
concurso público, con el carácter permanente de Fiscales Especiales adscritos a
la Fiscalía General de Cedulación-FGC.
Por cuanto el Directorio del CNE
debe estar conformado mayoritariamente por seis Directores Rectores de un total
de diez (6/10), representantes de la Sociedad Civil, exhortamos al
colectivo de ciudadanos venezolanos independientemente del lugar de su
residencia nacional o en el extranjero, activar su interés, disposición y
organización para garantizar que también la Diáspora venezolana fuese oportunamente
tomada en consideración por el PODER LEGISLATIVO-AN, institución que
correspondería la designación de los miembros Rectores del Directorio, tanto en su representación en la proporción
de la población, como en consideración del inventario de sus experiencias en el
extranjero, para la eventual evaluación de las prácticas conocidas y adquiridas
en otras sociedades democráticas dónde hubiesen residido o residan, de manera
que fuesen consideradas y evaluadas para su eventual adopción por Venezuela.
Mientras la Nación dispone de
legítimos PODERES LEGISLATIVO y CIUDADANO, correspondiendo a este último proponer
candidatos para designar dos (2) Directores-Rectores, anexamos para su consideración
y de la ciudadanía en general, la lista de los 26 candidatos presentados en la
Sesión Especial de la Asamblea Nacional del 4JUN2000[ii]
referida anteriormente.
Por cuanto el Directorio del CNE
debe, adicionalmente, estar conformado por dos (2) Directores-Rectores
representantes de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de
las Universidades Nacionales, exhortamos a las autoridades de dichas
Facultades para su disposición y organización correspondiente, con el objeto de
garantizar oportunamente la presentación de candidatos para asegurar su representación
en nuestro Directorio.
Celebramos el restablecimiento
progresivo de relaciones, colaboración y cooperación con los demás poderes e
instituciones del Estado Nacional, de los Estados y Municipios, a cuyas
autoridades, funcionarios y personal en general saludamos especialmente, disponiéndonos
a sus órdenes.
Saludamos con respeto y
cordialidad a toda la ciudadanía, tanto a los residentes como a los ausentes en
la Diáspora de manera individual, a cada una de las organizaciones políticas inscritas
o no en el CNE, como a sus activistas y representantes, como al resto de
las organizaciones culturales, sociales y profesionales en general. Estaría en
todos ustedes la razón fundamental de la existencia de la DEMOCRACIA,
como conjuntamente con el CNE y las demás instituciones nacionales, garantizar
la SALUD de la DEMOCRACIA.
También saludamos cordialmente a:
Cada miembro del
activismo de vigilancia y auditoría ciudadana, como a cada una de las
organizaciones de veeduría y observación electoral.
Cada miembro de las
Fuerzas Armadas, especialmente aquellos designados en unidades operativas en el
CNE, como a los desplegados ocasionalmente por el CUFAN durante
el Calendario Electoral.
Todos los medios de
comunicación e información, sus propietarios, profesionales y personal en
general, a los periodistas y activistas independientes de la producción de
información y opinión, como a los medios que representasen, todos
indispensables para el logro de los objetivos comunes y de nuestra institución.
En el CNE entendemos que
afrontamos durante esta nueva Transición de los Poderes Públicos, la
gran responsabilidad de defender, proteger y merecer la confianza de cada
ciudadano como de las instituciones en general, asegurando con nuestro aporte
al retorno progresivo de la normalidad para el restablecimiento y progreso de
la República, respondiendo con resultados concretos en cada jornada, por lo
tanto la actitud y el espíritu de quienes lo conformamos, de cada uno de los
funcionarios y colaboradores, obligados a mantenernos alertas, preparados,
listos y dispuestos para atender con cordialidad, eficientemente, todas
nuestras obligaciones programadas como la atención del público e instituciones
en general, sus inquietudes, requerimientos y trámites de cualquier tipo, tanto
las consultas como las quejas, denuncias e impugnaciones, asegurando siempre la
respuesta correspondiente de acuerdo con la Ley y dentro del lapso establecido
para cada caso.
Entendemos que, con reglas claras
y abriendo completamente las puertas y ventanas de la institución, promoviendo valores
éticos y la libérrima participación ciudadana, contribuiremos con los mejores
resultados al establecimiento de las más sólidas bases para construir con
el concurso de todos, una verdadera y cada vez más sólida DEMOCRACIA.
Estableceremos conjuntamente con
la Sociedad Civil y las instituciones especializadas, públicas y privadas, planes
de formación del ciudadano en la teoría y la práctica de la vida en ESTADO
DE DERECHO y en DEMOCRACIA, para su divulgación desde el Hogar y la
Escuela, también progresivamente programas permanentes para entrenamiento en
los diversos niveles de la administración y ejecución de los procesos
electorales, como las demás responsabilidades del CNE, necesarios para
optimizar la calidad, rapidez y confianza en la participación ciudadana y la
debida publicidad oportuna de los procesos y sus resultados, adicionalmente un
programa para la promoción de la integración entre las comunidades y la oficina
del CNE más próximo, promoviendo la contratación remunerada de los
egresados de dichos programas en horarios flexibles y en las jurisdicciones de
su residencia, con el propósito de incrementar la incorporación de tecnología
que contribuya a garantizar la inviolabilidad de la voluntad de los ciudadanos
y la eficiencia de los procesos, incrementando sustancialmente el rendimiento
de la fuente de recursos para la contratación de candidatos, generando ingresos
que contribuyan a mantener la escolaridad o los de la familia en general, así
como promover oportunidades para desarrollar carrera estable en las diversas
áreas de especialización internas en el CNE mediante ingreso por concurso,
ofreciendo progresiva profesionalización y oportunidades a quienes encontrasen
como vocación el servicio público, proyectado hacia su entrenamiento permanente
y promoción hasta su retiro-jubilación.
En esta ocasión, nos complace
compartir algo de la sabiduría que asumimos como referencia de nuestra mayor
responsabilidad:
¡LA SALUD DE NUESTRA
DEMOCRACIA!
“La salud de las DEMOCRACIAS,
cualesquiera que sean su tipo y su grado,
depende de un mísero detalle
técnico: el procedimiento electoral.
Todo lo demás es secundario.
Sin apoyo de un auténtico
sufragio, Las instituciones democráticas están en el aire”
José
Ortega y Gasset
“La
rebelión de las masas”
Por el CNE
Rómulo Lares Sánchez
Director-Rector Principal
Presidente Comisión Control
Administrativo
Caracas, 3 de enero de 2026
[i]
PROCLAMACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ELECCIÓN 28JULIO2024. 30AGO2024.
CARACAS, VIERNES 3 DE AGOSTO DE 2024
Alfredo Avella Guevara y Rómulo Lares
Sánchez,
Rectores Directores Principales del Consejo Nacional Electoral,
en Ejercicio legítimo del V Poder Publico Nacional – CNE, 4Junio2000–23 Agosto2003.
QUE SIENDO VÁLIDAS, VERIFICABLES,
PÚBLICAS, NOTORIAS Y COMUNICACIONALES UN GRUPO DISPONIBLE SUFICIENTE DE ACTAS OFICIALES
DE LA DENOMINADA “ELECCIÓN PRESIDENCIAL” DEL 28JULIO2024, DE CUYO ESCRUTINIO Y
TOTALIZACIÓN SE PODRÍA REVISAR, COMPARAR Y VERIFICAR A LOS FINES DE DETERMINAR
PLENAMENTECON CARÁCTER IRREVERSIBLE LA VOLUNTAD MAYORITARIA DEL PUEBLO
VENEZOLANO EN TODAS LAS CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES NACIONALES Y EN LAS DEL
EXTRANJERO, EN LA PROPORCIÓN CORRESPPONDIENTE.
CONSIDERANDO II:
QUÉ CON DICHAS ACTAS OFICIALES, SERÍA
POSIBLE COOPERAR EN LA PROCLAMACION DEL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL ELECTO DE LA
REPÚBLICA, CON TENDENCIA IRREVERSIBLE Y EN CONCORDANCIA CON LAS DISPOSICIONES
CONSTITUCIONALES Y LEGALES VIGENTES AL CIUDADANO QUE OBTUVO LA MAYORIA
CORRESPONDIENTE.
PROCLAMAMOS:
EN CONCORDANCIA CON LAS DISPOSICIONES
CONSTITUCIONALES Y LEGALES VIGENTES AL CIUDADANO VENEZOLANO EDMUNDO GONZÁLEZ
URRUTIA, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL ELECTO DE LA REPÚBLICA, DURANTE EL
PERÍODO DE LA TRANSICIÓN DE LOS PODERES PÚBLICOS NACIONALES.
CONSIDERANDO III:
QUE CORRESPONDE A TODOS LOS PODERES
PÚBLICOS NACIONALES RECONOCER LA VOLUNTAD LEGÍTIMA DEL PUEBLO VENEZOLANO Y
DISPONERSE DE INMEDIATO PARA ATENDER LA AGENDA, EL PROTOCOLO, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
COMO LA DEL DESPACHO DE UN PRESIDENTE ELECTO, ANTE LA EVENTUALIDAD DE LA ASUNCIÓN
DEL OTRO CANDIDATO A LA JEFATURA DEL ESTADO Y EL COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZAS
ARMADAS, Y DE ACUERDO CON LA OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL QUE ESTABLECE Y ORDENA ADICIONALMENTE
LA DEBIDA COLABORACIÓN ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS DEL ESTADO.
CONSIDERANDO IV:
QUE HABIENDO SIDO ANTICIPADO EL
CALENDARIO PARA LA RENOVACIÓN DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL, SE DETERMINARÍA LA IMPERATIVA
CONVENIENCIA DE ANTICIPAR IGUALMENTE LA RENOVACIÓN DE LOS DEMÁS PODERES
PÚBLICOS NACIONALES, EN CONSECUENCIA, LUCE CLARA LA PRIORIDAD DE FORTALECER Y DISPONER
DE UN PODER ELECTORAL PROFESIONAL CONFIABLE Y ACEPTABLE PARA LA SOCIEDAD CIVIL
Y LOS ACTORES POLÍTICOS NACIONALES.
CONSIDERANDO V:
CON EL OBJETO DE OPTIMIZAR LA
PLANIFICACIÓN Y EL DESARROLLO DEL PROCESO DE TRANSICIÓN DE LOS PODERES PÚBLICOS,
MOVIDOS POR LA OBLIGACIÓN DE LA COLABORACIÓN ENTRE PODERES PARA MAXIMIXAR EL
RENDIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL ESTADO, SE RECOMIENDA LA CONVENIENCIA DE ESTABLECER
DE INMEDIATO LAS DIVERSAS COMISIONES DE ENLACE DEL PODER EJECUTIVO, A SU VEZ ADICIONALMENTE
DETERMINANTES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS GESTIONES COMUNES Y DE CADA UNO DE
LOS DEMÁS PODERES PÚBLICOS NACIONALES, DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS, QUE A SU
VEZ PERMITIRÍAN ESTABLECER COMUNICACIÓN DIRECTA AMPLIA PROPICIADORA DE UN
DIÁLOGO NACIONAL DIRECTO.
CONSIDERANDO VI:
QUE AL MARGEN DEL ORIGEN DE LAS
AUTORIDADES DEL PODER ELECTORAL-CNE DEBERÁN CUIDARSE LOS EXTREMOS PARA LAS
ETAPAS DEL CRONOGRAMA DE LOS PROCESOS ELECTORALES, DESDE EL REGISTRO CIVIL Y EL
ELECTORAL, LA PUBLICIDAD DE LOS ACTOS ACTIVOS Y PASIVOS, LA SELECCIÓN ALEATORIA
DE DIVERSA ÍNDOLE HASTA EL ESCRUTINIO, LA TOTALIZACIÓN Y LA PROCLAMACIÓN DE
RESULTADOS, LA BUENA PRÁCTICA DE AUDITABILIDAD DE LOS PROCESOS ASÍ COMO LA
ATENCIÓN Y RESPUESTA OPORTUNA DE LAS IMPUGANCIONES, ENTRE MUCHAS OTROS ASPECTOS
QUE CONTEMPLAN LAS LEYES Y NORMAS CORRESPONDIENTES.
CONSIDERANDO VII:
QUE TANTO EL RECIENTE ACTO ELECTORAL DEL 28JULIO2024 COMO TODOS
LOS SUBSIGUIENTES ACTOS ELECTORALES Y REFERÉNDUM NACIONALES, DEBERÁN PREVER
ESPACIOS ESPECIALIZADOS, ACADÉMICOS Y CIENTÍFICOS DE ARBITRAJE ARBITRADOS,
MEDIANTE UNA SANA Y COMPARTIDA PRAXIS Y TECNOLOGÍA.
CONSIDERANDO VIII:
QUE DICHOS ACTOS ELECTORALES DEBERÁN SER COHONESTADOS POR LA
JEFATURA DE LAS FUERZAS ARMADAS NACIONALES Y DE SUS DEMÁS COMPONENTE,
PARTICIPANDO COMO PROTECTORES DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA Y
COMO TALES PARTICIPAN DE FORMA ESTRUCTURAL MEDIANTE EL “PLAN REPÚBLICA”,
ÍNTEGRA Y CONJUNTAMENTE CON EL CNE EN TODAS LAS ETAPAS DEL PROCESO ELECTORAL.
CONSIDERANDO IX:
QUE DICHOS ACTOS ELECTORALES DEBERÁN CONTAR CON LA COOPERACIÓN
DE LOS DEMÁS PODERES PÚBLICOS NACIONALES, POR ACCIÓN DIRECTA DE QUIENES EJERCEN
SU AUTORIDAD EN EL PODER LEGISLATIVO NACIONAL-AN, EL PODER JUDICIAL-TSJ EN
TODAS SUS SALAS E INSTITUCIONES SUBORDINADAS Y EL PODER CIUDADANO-CONSEJO MORAL
REPUBICANO-CMR, EN LA CONTRALORÍA Y LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA COMO EN
LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO.
CONSIDERANDO X:
QUE DICHOS ACTOS ELECTORALES DEBERÁN CONTAR CON LA COOPERACIÓN
DE QUIENES EJERCEN SU AUTORIDAD EN LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS, GOBERNADORES Y
DIPUTADOS DE SUS CORRESPONDIENTES ASAMBLEAS LEGISLATIVAS, COMO ALCALDES Y
MIEMBROS DE LOS CONCEJOS MUNICIPALES.
CONSIDERANDO XI:
QUE DICHOS ACTOS ELECTORALES DEBERÁN CONTAR CON LA
COOPERACIÓN DE TODAS LAS MODALIDADES DE OBSERVACIÓN INTERNACIONAL,
INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DE ARBITRAJE INTERNACIONAL Y REGIONAL ACREDITADOS,
PÚBLICOS Y PRIVADOS, ASÍ COMO ADICIONALMENTE POR LA INVITACIÓN Y EL DESPLIEGUE
DE LAS DIVERSAS INICIATIVAS INSTITUCIONALES NACIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN
ACTIVA DE LA OBSERVACIÓN, LA VEEDURÍA Y LA AUDITORÍA ELECTORAL, ESTABLECIDAS
LIBREMENTE Y ORGANIZADAS POR EL CNE Y/O LA SOCIEDAD CIVIL E INCORPORADAS A LOS
CRONOGRAMAS ELECTORALES.
POR TODO LO ANTERIOR:
NOS DIRIGIRNOS A TODOS NUESTROS CONCIUDADANOS, A TODOS LOS PODERES
PÚBLICOS NACIONALES, DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS, SUS DEPENDENCIAS FUNCIONALES Y
PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y OBRERO, A LAS ORGANIZACIONES
POLÍTICAS, ECONÓMICAS, ACADÉMICAS, PROFESIONALES, SINDICALES, SOCIALES, PARROQUIALES,
VECINALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS, AL COLECTIVO VENEZOLANO EN GENERAL, CON EL
OBJETO DE PRESENTAR Y SOMETER A SU CONSIDERACIÓN NUESTROS BUENOS OFICIOS Y
COMPETENCIAS PARA CONFORMAR AD-HONOREM, SIN PRETENDER LA USURPACIÓN DE FUNCIÓN
ALGUNA, UNA FIGURA QUE SE CONSTITUYA COMO INSTANCIA DE ARBITRAJE ELECTROAL QUE,
EN LAS ACTUALES CIRCUNSTANCIAS CONTRIBUIRÍA A COADYUVAR DE MANERA FUNDAMENTAL E
INDISPENSABLE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y DE ESTA MANERA LEGITIMAR LAS ACTAS
RESULTANTES DE LA ELECCIÓN DEL 28JULIO2024, TODO ELLO CON EL OBJETO DE APORTAR
LO SUSTANTIVO A EFECTOS DE LA PROCLAMACIÓN DEL CANDIDATO RESPALDADO POR LA
MAYORÍA.
FINALMENTE, REITERAMOS QUE EN ESTA FECHA NOS PRESENTAMOS CON EL
MISMO PROPÓSITO QUE HABRÍA DADO ORIGEN AL CNE DEL 4JUNIO2000, EN MEDIO DE
CIRCUNSTANCIAS NACIONALES AÚN MUCHO MÁS CONVULSIONADAS Y TRÁGICAS, PARA LA GESTIÓN
DE LA RENOVACIÓN PROGRESIVA DE LOS PODERES PÚBLICOS EN UN RÉGIMEN DE TRANSICIÓN,
AUNQUE EL OBJETO ES HOY IMPERATIVO DETERMINANTE PARA LA CONTINUIDAD DEL
GENTILICIO VENEZOLANO, PARA IMPEDIR SU EXTINCIÓN, CUANDO SE TRATARÍA DE
CONDUCIRNOS MEDIANTE LA ABSOLUTA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y EL RESPETO
DE LA VOLUNTAD INDIVIDUAL, DEL COLECTIVO Y LA LEY, ENTENDIÉNDOLA COMO LA VÍA
MÁS SEGURA, QUIZÁ ÚNICA, EVITANDO ASÍ A LOS PROMOTROS Y RESPONSABLES DE LA
VIOLENCIA Y CON EL MAYOR ESPÍRITU Y RESPONSABILIDAD HACIA EL RESTABLECIMIENTO EN
PAZ DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA.
Anexo: Lista selección 23 Miembros al Directorio CNE. Sesión AN 4JUNIO2000. Designación unánime de 5 Principales y 5 Suplentes
[ii] LISTA 26 SELECCIONADOS AN-CONGRESILLO
4JUNIO2000
CARACAS, MARTES 30 DE JULIO DE 2024
Alfredo Avella Guevara, Rómulo Lares
Sánchez, Rectores-Directores
Principales del Consejo Nacional Electoral, en ejercicio legítimo
del V Poder Público Nacional – CNE, “en exilio”.
SIENDO VERIFICABLES, PÚBLICAS, NOTORIAS Y COMUNICACIONALES UN
GRUPO SUFICIENTE DE ACTAS DE LA DENOMINADA “ELECCIÓN PRESIDENCIAL” DEL
28JULIO2024, DE CUYO ESCRUTINIO Y TOTALIZACIÓN SE DETERMINARÍA PLENAMENTE LA
VOLUNTAD MAYORITARIA DEL PUEBLO VENEZOLANO EN TODAS LAS CIRCUNSCRIPCIONES
ELECTORALES NACIONALES Y EN EL EXTRANJERO, EN PROPORCIÓN APROXIMADA DEL 70/30
%.
AL MARGEN DE LA CONSIDERACIÓN DE UNA SERIE DE IRREGULARIDADES
Y VICIOS RECURRENTES Y RELACIONADOS CONTENIDOS EN CUALESQUIERA DE LAS ETAPAS
DEL CRONOGRAMA ELECTORAL DEL PROCESO ELECTORAL EN VENEZUELA A PARTIR DEL
23AGOSTO2003, PRESENTES HOY DESDE EL REGISTRO CIVIL Y EL ELECTORAL, LA
PUBLICIDAD DE LOS ACTOS ACTIVOS Y PASIVOS, LA SELECCIÓN ALEATORIA DE DIVERSA
ÍNDOLE E INTERMEDIAS HASTA EL ESCRUTINIO, LA TOTALIZACIÓN Y LA PROCLAMACIÓN DE
RESULTADOS, LA PRÁCTICA INAUDITABILIDAD DE LOS PROCESOS COMO LA ATENCIÓN Y
RESPUESTA OPORTUNA TAMBIÉN DE LAS IMPUGANCIONES, ENTRE MUCHAS OTRAS.
COMO CONSECUENCIA DE LA PROCLAMACIÓN APRESURADA E INOPORTUNA DEL
TRIUNFO DE LA OPCIÓN RESPALDADA POR EL RÉGIMEN Y SEGÚN LAS ACTAS POR MENOS DEL
30% DE LOS VOTOS, EL CNE HABRÍA EJECUTADO EN FLAGRANCIA DE MANERA PÚBLICA Y
NOTORIA EL FRAUDE ELECTORAL NUMERO TREINTA Y DOS (N°32) A PARTIR DEL
23AGOSTO2003.
ÉSTE Y TODOS LOS ANTERIORES ACTOS ELECTORALES Y REFERENDARIOS
NACIONALES, DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS HAN SIDO EJECUTADOS BAJO LA CENSURA Y AUTOCENSURA “ADMINISTRADA”, ENCUBRIENDO LA
LARGA LISTA DE IRREGULARIDADES DEMOSTRADAS Y PUBLICADAS NACIONAL E
INTERNACIONALMENTE EN ESPACIOS ACADÉMICOS Y CIENTÍFICOS ARBITRADOS, MEDIANTE
UNA PRAXIS Y TECNOLOGÍA VENEZOLANA DE EXPORTACIÓN APLICADA EN TODOS LOS PROCESOS
ELECTORALES A LAS DIVERSAS ETAPAS DEL CRONOGRAMA ELECTORAL, CONFORMANDO UNA
SITUACIÓN QUE LOS ANULA DE HECHO Y DE DERECHO DETERMINANDO SU CONDICIÓN DE
ÍRRITOS, HASTA POTENCIALMENTE AFECTAR, ANULAR O REVERTIR DECISIONES DE LOS
FUNCIONARIOS PROCLAMADOS.
DICHOS FRAUDES HABRÍAN SIDO PATROCINADOS DE MANERA PÚBLICA Y
NOTORIA POR EL PODER EJECUTIVO NACIONAL, ASÍ COMO COHONESTADOS POR LA JEFATURA
DE LAS FUERZAS ARMADAS NACIONALES Y LAS DE LOS DEMÁS COMPONENTES EJÉRCITO,
ARMADA, AVIACIÓN, GUARDIA NACIONAL Y RESERVA, INSTITUCIÓN QUE CONFORMA LA
“POLICÍA CONSTITUCIONAL” DE LA REPÚBLICA Y COMO TAL, PARTICIPA DE FORMA
ESTRUCTURAL, ÍNTEGRA Y CONJUNTAMENTE CON EL CNE EN TODO PROCESO ELECTORAL MEDIANTE
EL “PLAN REPÚBLICA”.
ADICIONALMENTE, CON LA COMPLICIDAD DE LOS DEMÁS PODERES
PÚBLICOS NACIONALES, POR ACCIÓN DIRECTA U OMISIÓN DE LA MAYORÍA DE QUIENES
EJERCEN SU AUTORIDAD EN EL PODER LEGISLATIVO NACIONAL-AN, EL PODER JUDICIAL-TSJ
EN TODAS SUS SALAS E INSTITUCIONES SUBORDINADAS Y EL PODER CIUDADANO-CONSEJO
MORAL REPUBICANO-CMR, EN LA CONTRALORÍA Y LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
COMO EN LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO.
DE IGUAL FORMA POR QUIENES EJERCEN EL PODER EN LOS ESTADOS Y
MUNICIPIOS, GOBERNADORES Y DIPUTADOS DE SUS CORRESPONDIENTES ASAMBLEAS
LEGISLATIVAS COMO ALCALDES Y MIEMBROS DE LOS CONCEJOS MUNICIPALES.
ASÍ COMO, DESDE EL 23AGOSTO2003, COHONESTADOS POR TODAS LAS
MODALIDADES DE OBSERVACIÓN INTERNACIONAL DESPLAZADAS POR DIVERSAS NACIONES,
INSTITUCIONES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES Y REGIONALES PÚBLICOS Y PRIVADOS,
COMO POR LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS-OEA, LA COMUNIDAD EUROPEA Y EL
CENTRO CARTER ENTRE OTROS, INTERFIRIENDO E IMPIDIENDO ADICIONALMENTE EL DESPLIEGUE
Y PARTICIPACIÓN DE LAS DIVERSAS INICIATIVAS INSTITUCIONALES NACIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN
ACTIVA DE LA OBSERVACIÓN Y LA VEEDURÍA ELECTORAL, ESTABLECIDAS LIBREMENTE Y ORGANIZADAS
POR EL CNE Y/O LA SOCIEDAD CIVIL E INCORPORADAS A LOS CRONOGRAMAS ELECTORALES.
COMO CONSECUENCIA, NOS DIRIJIMOS A TODOS LOS CIUDADANOS
VENEZOLANOS Y AL MUNDO CIVILIZADO Y LIBRE, CON EL OBJETO DE PRESENTAR Y SOMETER
A SU CONSIDERACIÓN LA CONVOCATORIA DE LOS CANDIDATOS AÚN DISPONIBLES DE LA
LISTA DE RECTORES SELECCIONADOS DE MANERA AMPLIA CONJUNTAMENTE CON LA SOCIEDAD
CIVIL, DIVERSAS INSTITUCIONES NACIONALES Y TODOS LOS INTERESES POLITICOS REPRESENTADOS
EN EL PODER LEGISLATIVO, SOMETIDOS A LA CONSIDERACIÓN EN LA SESIÓN ESPECIAL PLENARIA
DEL 4JUNIO2000, CON EL OBJETO DE CONFORMAR EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL-CNE, LA
INSTITUCIÓN AUTÓNOMA QUE EJERCE EL PODER PÚBLICO NACIONAL ELECTORAL, FUNDAMENTAL
E INDISPENSABLE PARA LEGITIMAR UN RÉGIMEN DE TRANSICIÓN DE LOS PODERES PÚBLICOS
EN LA ACTUALIDAD, HACIA EL RESTABLECIMIENTO DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA.
CONSIDERACIONES GENERALES:
Ante la convulsión institucional-socio-política-económica en
VENEZUELA, exacerbada y violenta a partir de 1999, que habría determinado
progresivamente su ocupación extranjera, político-administrativa-militar y su
desintegración como nación hasta la conformación de otra diferente, descrita
académicamente como “VENECUBA”, disfrazada con ideologías aunque sus valores
podrían ser asimilados a los de la subversión mundial, del crimen organizado
transnacional, de las industrias de la legitimación de capitales, de tráficos
ilegales diversos y a la injerencia directa en los asuntos internos de otras
naciones, ejerciendo el terrorismo de Estado en asociación con naciones
consideradas forajidas por la comunidad internacional así como diversos grupos terroristas
transcontinentales, territorio e instituciones en los que habría desaparecido
todo respeto por la Constitución de la Republica y la Ley perdiendo completamente
su vigencia, identidad y consolidando la violación sistemática y permanente de
los Derechos Humanos de sus ciudadanos y residentes, estableciendo un
territorio simultáneamente secuestrado y “libre” para la práctica, ejercicio y
exportación de crímenes contra la Humanidad.
Adicionalmente, una institución electoral-CNE que ha promovido
sistemáticamente el origen fraudulento de las designaciones de los
administradores públicos proclamados o los resultados de las consultas en
referendo, determinando los primeros la ilegalidad de la gestión nacional e
internacional de los cargos que ejercen, en concertación con actores políticos,
sociales, empresariales, profesionales, sindicales, eclesiásticos y militares asociados
en un Régimen de Ocupación extranjera con oposiciones representadas en la 1)
Mesa de Diálogo Negociaciones y Acuerdos (2003) y la 2) Mesa de la Unidad
Democrática-MUD.
En consecuencia, hemos considerado imperativo dirigimos al
país con el objeto de proponer y solicitar directamente a la Sociedad Civil e
instituciones en general su PARTICIPACIÓN y respaldo, con el propósito de
conformar un PODER ELECTORAL autónomo y sometido a la Ley que responda
de manera oportuna, absoluta y permanentemente al escrutinio público, estableciendo
fundaciones sólidas, indispensables para rehacer las bases para construir el
futuro de la República.
Una institución modelo, abierta al público y auditable en
todas sus acciones, un Consejo Nacional Electoral-CNE transparente en Estado de
Derecho.
ANTECEDENTES:
Durante la última semana de mayo de 2000 se produjo en
VENEZUELA un diálogo amplio y democrático promovido por el Poder
Legislativo-Comisión Legislativa Nacional-“Congresillo”, cuya directiva estuvo
conformada por Luis Miquilena (+) (Presidente), Blancanieve Portocarrero (+)
(1er. Vicepresidente) y Elías Jaua Milano (2do. Vicepresidente), que conformó
un verdadero-legítimo espacio de diálogo para la selección de treinta (30)
venezolanos que serían preseleccionados como candidatos calificados a rectores
del Consejo Nacional Electoral-CNE, de entre las candidaturas presentadas a una
“Mesa de Diálogo” que sustituyó de manera preliminar el “Comité de
Postulaciones”, integrada por miembros políticos en representación del cuerpo y
presidida por Elías Jaua M., invitando en las mismas condiciones a
representantes de todas las organizaciones políticas, académicas, religiosas,
empresariales, sindicales, gremiales y en representación general de la Sociedad
Civil a las organizaciones no gubernamentales: “Queremos Elegir” (Elías
Santana), COFAVID (Liliana Ortega) y la RED DE VEEDORES (Ruth Capriles y Nora
Castañeda) entre otras.
VENEZUELA había sido sacudida por el escándalo y la
incertidumbre generados por la suspensión de las “MEGAELECCIONES 2000” del 28
de mayo, en la que se pretendía en un solo proceso electoral proclamar
titulares para todos los cargos públicos de elección popular de la República:
presidente, diputados, concejales, consejeros legislativos, alcaldes,
gobernadores y miembros de las juntas parroquiales.
Como resultado de las deliberaciones de la “Mesa de
Diálogo” para determinar quiénes de entre las 349 candidaturas recibidas y
analizadas serían presentados ante el país en el debate del Poder Legislativo
de transición, ésta elaboró una lista acordada de 23 ciudadanos, de entre
quienes en la Sesión Especial de la Comisión Legislativa Nacional del día
4JUNIO2000, mediante el voto unánime con el voto salvado del diputado Reinaldo
Cervini, decretó el nombramiento de diez miembros del Directorio del CNE, cinco
(5) principales y cinco (5) suplentes, quienes también se integrarían de forma
permanente al Directorio.
De los miembros-rectores del CNE designados por el Poder
Legislativo el 4JUNIO2000 permanecíamos activos tres (3) el 23AGOSTO2003, cuando
mediante decisión de la Sala Constitucional-TSJ que interfería flagrantemente la
autonomía de los Poderes Públicos Nacionales Legislativo, Ciudadano y Electoral
y, como consecuencia, usurpó la autonomía de dichos Poderes Nacionales en
desprecio flagrante por el imperio de la Ley por parte del mismo Poder Judicial.
Adicionalmente, tal decisión contenía otros criterios
jurídicos de fondo y forma que conformarían una decisión escandalosa, ilegal e írrita,
entre otras razones porque de acuerdo con la Ley y con el objeto de asegurar la
continuidad de la institucionalidad, a la AN correspondería completar las
vacantes del Directorio designando hasta siete (7) miembros, mientras que el
TSJ-SC designaría Diez (10) Rectores principales y suplentes diferentes de quienes
ejercían las funciones de Directores-Rectores y de aquellos trece (13) disponibles
para la fecha, de la lista elaborada por la “Mesa de Diálogo” / Comité de
Postulaciones y adicionalmente designaría otros funcionarios subalternos del
CNE.
La jurídicamente bochornosa decisión del TSJ-SC habría
destruido completamente la autonomía, el propio Poder Electoral, conformando la
ejecución de un verdadero Golpe de Estado.
Como consecuencia, estarían todavía habilitados a la vista de
la evaluación de las eventuales objeciones que podría formular la Sociedad
Civil u otra institución a cualesquiera de la lista de trece (13) hábiles,
disponibles, que con fundamento en la fortaleza democrática y amplia de aquel lejano
aunque más reciente, verdadero y transparente diálogo nacional, estuviesen en condiciones
y disposición para incorporarse y conformar, siete (7) de ellos, completando el
Cuerpo Colegiado en el equipo de diez (10) rectores electorales, incorporados
todos al Directorio que asuma legítimamente en las actuales, trágicas
circunstancias nacionales la dirección del Poder Electoral:
1) Ángel Eduardo Álvarez Díaz (FORO
LIBERTADOR)
2) Alfredo Avella Guevara (FEDECÁMARAS)
3) Román Duque Corredor (UCAB)
4) Rafael Enrique Díaz López (INICIATIVA
PROPIA)
5) Jesús Rafael Guerra Merchán (INICIATIVA
PROPIA)
6) José Rafael
Herrera Linares (PROYECTO COLECTIVO SOLIDARIDAD PENITENCIARIA)
7) Rómulo Lares Sánchez (INICIATIVA
PROPIA)
8) Gustavo Adolfo León Villalba
(INICIATIVA PROPIA)
9) Luis Ángel Planas Cabrera (PRIMERO
JUSTICIA)
10) Mercedes Pulido (PRIMERO JUSTICIA)
11) Esteban Reyes (EUREKA)
12) Cecilia Sosa Gómez (COMITÉ DE ESTUDIOS SOBRE
LA JUSTICIA SIMÓN RODRÍGUEZ)
13) José Manuel Zerpa Guerra (INICIATIVA PROPIA)
Los tres (3) rectores activos el 23AGOSTO2023, fecha de la
decisión referida de la Sala Constitucional del TSJ, quienes nos desempeñamos
ininterrumpidamente como tales desde el 5JUNIO2000, conformaríamos el Poder
Electoral-CNE “en exilio” de la Sede institucional, en razón de haber sido de
facto interferido e interrumpido nuestro acceso habríamos sido: Alfredo Avella
Guevara, José Manuel Zerpa Guerra y Rómulo Lares Sánchez, quienes por derecho y
de hecho hubimos de asumir hasta el alcance de nuestras posibilidades, la representación
de la institución y la institucionalidad electoral de la nación.
CONCLUSIÓN:
Convocamos públicamente a los otros diez (10) ciudadanos
venezolanos de entre los preseleccionados que no hubieren sido incorporados al
CNE hasta la fecha, con el objeto de que ratificasen su disposición para
ejercer como rectores, así como a la Sociedad Civil y al colectivo de
venezolanos en general, de manera de iniciar un proceso ciudadano presentándonos
ante la nación y la comunidad internacional, con el propósito de participar en
una consulta pública que de manera amplia y democrática determinase quiénes conformásemos
el cuerpo de rectores del Consejo Nacional Electoral-CNE, principales y
suplentes, de manera transparente en Estado de Derecho, institución necesaria e
indispensable para el restablecimiento legítimo de los demás poderes públicos
nacionales, de los estados y de los municipios, así como la atención de las
solicitudes de referendos durante el período de un Régimen de Transición,
mediante las debidas consultas electorales correspondientes.
Consideramos que un cuerpo de rectores impregnado con este
origen y las condiciones individuales personales, profesionales y académicas
escrutadas, debidamente actualizadas, tendría adicionalmente a la plena
legitimidad y legalidad, la capacidad y la experiencia profesional y técnica
para convocar el respaldo más amplio de las voluntades democráticas de
VENEZUELA, con el propósito tanto de iniciar el restablecimiento de la República
y el gentilicio VENEZOLANO, como la extinción acelerada de la ocupación extranjera
militar, política y administrativa.
Serían asumidas democráticamente la representación y las
obligaciones del órgano rector de un verdadero Poder Público Nacional electoral
autónomo, que promueva y de inmediato organice con el concurso directo de la
Sociedad Civil y demás instituciones del Estado, el censo general para la
elaboración y publicación de los Registros Civil y Electoral que incluya a
todos los ciudadanos venezolanos dispersos en la diáspora planetaria, así como para
la depuración y exclusión de las falsas identidades, fundamento indispensable
de para la protección de la identidad y la ciudadanía.
Progresivamente, atender la planificación y organización que
de manera oportuna ejecute el cronograma diseñado para la convocatoria y
ejecución de las elecciones establecidas en la Ley, como los referendos que
fuesen promovidos, garantizando íntegramente en todas las actividades, la
participación y auditoría directa del colectivo nacional, así como de las
organizaciones políticas e instituciones nacionales e internacionales que
correspondiere, consolidando la proclamación inobjetable de los ciudadanos que
deberán ejercer los diversos cargos de elección popular en estricto respeto al
Estado de Derecho, promoviendo el ejercicio profesional de la función pública hacia
el restablecimiento del Imperio de la Ley en el territorio venezolano y como
consecuencia el restablecimiento de la República.

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